Arriate estrena normas y tasas para usar el punto limpio

El punto limpio del polígono industrial de Arriate deja de ser una instalación de uso libre para convertirse en un centro con horario concertado y tasas específicas. El Ayuntamiento ha publicado ya la normativa definitiva que regula cómo, cuánto y bajo qué condiciones podrás depositar tus residuos domésticos a partir de ahora, tras cerrar el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones.

Para acceder al recinto ya no basta con llegar y descargar. Ahora, el sistema exige que primero pases por las oficinas municipales para abonar la tasa correspondiente y solicitar una cita previa con día y hora. En el momento de la entrega, deberás presentar tanto el justificante de pago como tu DNI para que el operario valide el acceso.

El precio de la visita básica, que cubre el control y la gestión del trámite, se fija en 4,00 €. A esta cantidad se suman los importes por tipo de residuo: por ejemplo, dejar un frigorífico o un aire acondicionado te costará 20,00 €, mientras que depositar un mueble grande como un sofá tendrá una tasa de 12,00 € por unidad.

Si tu caso son las reformas domésticas, el coste varía según el volumen y el vehículo que necesites. Desde los 5,00 € por un remolque pequeño hasta los 80,00 € por una bañera o contenedor exclusivo. Recuerda que, para los restos de obra, el operario te solicitará el resguardo de haber pagado previamente la licencia correspondiente.

El listado de lo que no puedes llevar es amplio. No se admiten basuras orgánicas, materiales tóxicos, ni residuos industriales. Si detectan que un mismo usuario deposita cantidades sospechosas con mucha frecuencia, el encargado tiene la potestad de prohibir el acceso.

Si la movilidad es un problema, el Ayuntamiento contempla un servicio de recogida de enseres a domicilio. Solo tienes que contactar con el personal administrativo para que te indiquen el día de paso y las tasas aplicables. Los enseres deberán estar en tu puerta antes de que pase el camión.

Las tasas podrán revisarse cada año según el IPC. El acuerdo ya es firme y oficial, por lo que contra esta decisión solo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de dos meses.