Casarabonela estrena acuerdo para sus funcionarios hasta 2029

Los funcionarios del Ayuntamiento de Casarabonela ya cuentan con un nuevo marco de convivencia laboral. El acuerdo, aprobado por unanimidad en el Pleno del 16 de junio, regula desde la jornada y las vacaciones hasta los protocolos frente al acoso y las condiciones para el teletrabajo.

El documento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La jornada laboral queda fijada en 35 horas semanales, incluyendo un descanso diario remunerado de treinta minutos. Una novedad relevante es que los días 24 y 31 de diciembre pasan a considerarse no laborables.

Las vacaciones básicas son de 22 días hábiles, pero la cifra crece con la experiencia. Quienes superen los quince años de servicio disfrutarán de 23 días, subiendo hasta los 26 días para aquellos con más de tres décadas en la administración pública. Si una baja médica interrumpe este descanso, los días pendientes se reservan para disfrutarlos tras el alta.

La posibilidad de trabajar desde casa queda ahora regulada, siempre que las tareas lo permitan. Se podrá teletrabajar hasta el 60 por ciento de la jornada semanal, con un límite de tres días completos si se opta por esa modalidad. Para solicitarlo, el empleado debe contar con al menos un año de antigüedad y disponer de los medios técnicos necesarios.

El texto también pone cifras a los seguros obligatorios que debe suscribir la institución. El fallecimiento en accidente laboral se cubre con 25.000 euros, mientras que la incapacidad permanente total y absoluta por enfermedad asciende a 17.000 euros. En caso de siniestro por accidente, esta última cantidad sube a 20.000 euros.

Para los desplazamientos autorizados por trabajo, se establece una compensación de 0,26 euros por kilómetro. Las horas extraordinarias podrán ser retribuidas o compensadas con descanso: dos horas libres por cada hora extra trabajada, o bien pagos que oscilan entre los 28 y los 46 euros por hora, según el grupo profesional.

La seguridad jurídica del personal queda reforzada mediante el compromiso del Ayuntamiento de asumir los gastos de defensa en procedimientos judiciales derivados del servicio. Esto incluye fianzas y asistencia letrada, siempre que no haya existido dolo en la actuación del trabajador.

El acuerdo establece un protocolo específico frente al acoso sexual y por razón de sexo. Este incluye medidas cautelares inmediatas, como la separación física entre las partes, y un plazo orientativo de quince días para resolver las investigaciones internas. La comisión de vigilancia, de carácter paritario, será la encargada de velar por que todo lo pactado se cumpla sin excepciones.