Marbella renueva el tribunal que resuelve reclamaciones tributarias

Los contribuyentes de Marbella que deban recurrir una liquidación tributaria ante el tribunal especializado ya no tendrán que temer los vacíos de gestión causados por la burocracia interna. El Ayuntamiento ha publicado la modificación definitiva de su reglamento orgánico, con el objetivo de garantizar que este órgano funcione sin interrupciones ni esperas innecesarias derivadas de la renovación de sus integrantes.

Hasta ahora, el proceso de nombramiento obligaba a pasar por el Pleno cada vez que expiraba el mandato, lo que provocaba periodos de inactividad que retrasaban las resoluciones. Con el nuevo texto, los tres miembros del tribunal (el presidente y los dos vocales) verán sus contratos de tres años prorrogados de forma automática, manteniendo la supervisión del Pleno únicamente para los casos de cese o designación inicial.

La reforma aprovecha también para ajustar el sistema de pagos a los tiempos de una gran ciudad. A partir de ahora, será la Junta de Gobierno Local, y no el Pleno, la encargada de fijar las retribuciones de estos expertos, una medida que busca adaptar el funcionamiento municipal a la normativa vigente que rige para municipios de gran población.

El perfil de los miembros seguirá siendo exigente: deben ser funcionarios de carrera del grupo A1, ya sean de la administración local con habilitación nacional, autonómica o estatal, y contar con la licenciatura en Derecho o Económicas. Su independencia técnica, pilar del sistema, se mantiene intacta bajo el marco de la Ley General Tributaria.

El órgano, que debe contar con apoyo administrativo para su labor diaria, sigue garantizando la gratuidad del procedimiento para los ciudadanos. La modificación entra en vigor una vez cumplidos los plazos legales tras esta publicación, cerrando así la puerta a las posibles lagunas en la atención de las reclamaciones vecinales.

Para quien esté descontento con este cambio organizativo, el acuerdo es firme en vía administrativa, aunque cabe la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de dos meses.