Mijas convoca la plaza de técnico informador de subvenciones

El Ayuntamiento de Mijas busca un nuevo perfil para gestionar el laberinto de las ayudas públicas. La corporación ha hecho pública la convocatoria para cubrir el puesto de técnico informador de subvenciones y proyectos, una pieza clave para canalizar la financiación que llega al municipio.

La plaza, clasificada como subgrupo A2, lleva aparejado un complemento específico anual de 30.205,08 euros. Es un puesto de jornada especial que requiere, según consta en la ficha técnica, conocimientos avanzados en contabilidad y ejecución presupuestaria para evitar desajustes en el día a día.

El sistema elegido es el concurso general de méritos. Esto significa que no hay examen ni oposición, sino una valoración de la trayectoria profesional, la antigüedad y la formación de los candidatos que ya sean funcionarios de carrera, ya pertenezcan a la plantilla de Mijas o provengan de otras administraciones públicas.

Los aspirantes deberán puntuar su propio perfil según un baremo de diez puntos máximos. La experiencia en puestos similares y la formación específica se llevan la parte más gruesa de la nota, mientras que el grado personal consolidado y los supuestos de conciliación familiar completan el cuadro de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles. Este periodo no empieza a contar desde hoy, sino desde el día siguiente al extracto que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Todo se hace telemáticamente. La sede electrónica municipal es el único canal válido para enviar la instancia, los méritos alegados y la documentación acreditativa correspondiente.

Si hay empate, el reglamento es exhaustivo. Se decidirá por el grado personal, la experiencia en el trabajo desarrollado y, en última instancia, por el orden de los apellidos según el sorteo de la Junta de Andalucía vigente.

La comisión de valoración será la encargada de cribar las candidaturas. Este órgano técnico, que debe respetar la paridad, tendrá que resolver el concurso en un máximo de seis meses, aunque el documento contempla la posibilidad de prórroga si la avalancha de solicitudes así lo exigiese.

El proceso es riguroso. Cualquier error u omisión no subsanado en el tiempo marcado dejará al aspirante fuera de la lista provisional, sin margen para futuras reclamaciones posteriores.