La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental estrena su nueva RPT

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha cerrado el proceso de negociación colectiva que comenzó en la primavera de 2025 y que ha culminado con la reciente aprobación de su relación de puestos de trabajo para 2026. Este documento, que organiza el esquema de personal funcionario y laboral en áreas que van desde el Desarrollo Urbano hasta la Hacienda, ya es firme tras su publicación oficial.

El sistema retributivo de esta nueva estructura se articula sobre una unidad de medida curiosa: el punto. A fecha de aprobación, cada punto se ha valorado en 163,79 euros al año. Este valor, que actúa como multiplicador para los distintos complementos de los puestos, está sujeto a revisiones futuras según lo que marque la normativa estatal sobre el sector público.

Para hacernos una idea de la escala, un Secretario General o un Interventor General cuentan con 530 puntos asignados en sus fichas, mientras que otros puestos de carácter auxiliar, como los de limpieza, se sitúan en 85 puntos anuales. El catálogo de plazas es extenso: incluye desde los 21 oficiales del área de Desarrollo Urbano hasta perfiles especializados de ingeniería, asesoría jurídica o gestión técnica.

La aplicación de estas valoraciones tiene efectos económicos retroactivos que se remontan al 1 de enero de 2026, aunque su pago efectivo queda condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente en la plantilla. El documento que acaba de ver la luz es el resultado de un largo camino de mesas negociadoras que tuvieron hitos clave el 23 de abril de 2025, el 11 de diciembre de 2025 y el 25 de febrero de 2026.

La Asamblea de la Mancomunidad, bajo la firma de su vicepresidente primero José Antonio Mena Castilla, ha ordenado la remisión de esta relación tanto a la administración central como a la autonómica en un plazo máximo de 30 días. Si algún interesado considera que los ajustes no se ajustan a derecho, dispone de un mes para interponer un recurso de reposición potestativo o dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa.