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Málaga·Boletín Bien de Málaga,

Sun Capital 2000 cancela el proyecto fotovoltaico Zalea Ampliación

La promotora renuncia a sus planes en Álora, Pizarra y Casarabonela tras la oposición municipal y pide la devolución de los avales por más de tres millones.

El proyecto fotovoltaico Zalea Ampliación, que pretendía instalar 71,4 megavatios de potencia en tierras de Álora, Pizarra y Casarabonela, ha llegado a un punto final. La Dirección General de Política Energética y Minas ha aceptado oficialmente el desistimiento de la empresa promotora, Sun Capital 2000, cerrando así un expediente que llevaba años en los despachos sin lograr despegar.

Datos clave

Importe avales
3.008.000 €
Potencia cancelada
71,4 megavatios
Plazo recurso
1 mes

La decisión de la compañía no es fruto de la casualidad, sino del bloqueo institucional que rodeaba la infraestructura. La promotora ha argumentado ante el Ministerio que la oposición frontal de los ayuntamientos de Álora y Casarabonela, con informes de compatibilidad urbanística desfavorables y varios recursos de alzada presentados, hacía inviable la obtención de las licencias de obra necesarias para arrancar las palas.

El efecto dominó también ha pasado factura. La empresa explica que el hundimiento de otros proyectos energéticos vinculados a la misma zona ha dejado a Zalea Ampliación sin sus socios originales. Esto obligaba a Sun Capital 2000 a asumir en solitario el coste íntegro de la infraestructura de evacuación hacia la subestación de Cártama, un escenario económico que el promotor ya no considera sostenible.

El archivo del expediente conlleva un paso administrativo relevante: la solicitud de devolución de las garantías económicas depositadas. La empresa reclama recuperar 3.008.000 euros que habían sido bloqueados en su día para asegurar la viabilidad del acceso a la red. Este importe correspondía a 75,2 megavatios instalados, según constaba en el informe técnico original.

Aunque el procedimiento administrativo queda concluido con esta resolución, todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. Mientras tanto, el archivo del proyecto supone un alivio para los ayuntamientos implicados que habían luchado legalmente contra la instalación en sus términos municipales.

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