Murcia impone la vacuna contra la enfermedad de Newcastle en granjas
La Región de Murcia blinda sus granjas avícolas ante el riesgo de contagio. A partir de noviembre, la vacunación es obligatoria para los productores tras los últimos brotes en el país.
Las explotaciones avícolas de la Región de Murcia tienen una cita obligatoria con el calendario sanitario a partir del próximo 1 de noviembre de 2026. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha decretado la vacunación forzosa contra el virus de la enfermedad de Newcastle para frenar el avance de este patógeno tras los últimos focos detectados en España.
Datos clave
- Inicio obligatorio
- 1 de noviembre de 2026
- A quién afecta
- Explotaciones avícolas de producción
- Excepción
- Explotaciones de autoconsumo
- Sanciones
- Según Ley 8/2003 de sanidad animal
La medida afecta a todas las granjas de producción y reproducción, dejando fuera únicamente a las unidades de autoconsumo. El consejero Joaquín Buendía ha firmado esta orden ante el riesgo real de que el virus salte a nuestras explotaciones, dado el intenso movimiento comercial con comunidades autónomas donde la enfermedad ya es una realidad preocupante.
España acumula ya 38 focos confirmados durante 2026, lo que ha costado el sacrificio de más de 2 millones de aves y la pérdida temporal del estatus de país libre de esta dolencia. Ante este escenario, la administración murciana refuerza la bioseguridad.
Los titulares de las explotaciones deben guardar a buen recaudo toda la documentación que acredite el cumplimiento de la pauta vacunal. Los servicios veterinarios oficiales podrán solicitar estos justificantes en cualquier momento para comprobar que la inmunización sea adecuada y sostenida en el tiempo.
El incumplimiento de esta directriz no será un descuido menor, sino que abrirá la puerta a las sanciones previstas en la Ley de sanidad animal de 2003. La medida se mantendrá vigente mientras las condiciones epidemiológicas sigan exigiendo este nivel de alerta sanitaria.
Si tienes dudas sobre el procedimiento, la normativa remite al Real Decreto 346/2025 para el control de la bioseguridad. Las medidas son preventivas, pero el rigor administrativo no deja margen para la improvisación.
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