Ajustes en la gestión de fondos agrícolas europeos en Murcia
Ver todas las subvenciones y ayudas en la Región de Murcia →El Gobierno regional actualiza la estructura que gestiona las ayudas FEAGA y FEADER para adaptarse a la normativa de la PAC. Quién vigila y quién paga ahora.
La maquinaria burocrática que gestiona las ayudas europeas al campo murciano se ha ajustado para encajar en la nueva normativa de la PAC. El Gobierno regional ha publicado el Decreto 121/2026, una norma que busca alinear la estructura autonómica con las exigencias comunitarias sobre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Datos clave
- En vigor
- 1 de julio de 2026
- Autoridad gestión
- Secretaría General de Desarrollo Rural
- Organismo pagador
- Consejería de Agua, Agricultura y Pesca
- Órgano certificación
- Intervención General
Si eres beneficiario de estas ayudas, el cambio te afecta de forma indirecta en la gobernanza. La nueva redacción designa al Consejo de Gobierno como la autoridad competente y ratifica a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca como el organismo pagador. La modificación es técnica y no supone cambios presupuestarios ni en el régimen jurídico sustantivo que regula los fondos.
El decreto introduce una novedad relevante en la gestión diaria. La Secretaría General de la Consejería con competencias en Desarrollo Rural asume la titularidad de la Autoridad de Gestión, salvo que decretos futuros sobre órganos directivos indiquen lo contrario. Es un movimiento para centralizar la responsabilidad sobre quién corta el bacalao.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma gana peso en este nuevo marco. Ahora será, de forma expresa, el órgano encargado de certificar la veracidad, integridad y exactitud de las cuentas del organismo pagador, cumpliendo así con las directrices de Bruselas para garantizar la transparencia.
Se refuerza la vigilancia. El organismo pagador deberá adoptar medidas para asegurar la regularidad de las operaciones y perseguir cualquier irregularidad, incluyendo la recuperación de cantidades pagadas indebidamente por negligencia. Todo queda bajo control.
La norma entró en vigor el 1 de julio de 2026. Los cambios son definitivos.
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