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La Politécnica de Cartagena recibe 5.000 € para estudiar la economía social

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La Comunidad Autónoma financia la segunda fase del estudio sobre el conocimiento de las empresas cooperativas en la universidad pública. El proyecto cuenta con un presupuesto de 5.000 €.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) estrena este otoño una nueva inyección de fondos para analizar cómo vive la economía social en las aulas murcianas. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto que blinda una subvención directa de 5.000,00 euros para financiar la segunda fase de su proyecto de investigación sobre la percepción de este modelo empresarial.

Datos clave

Cuantía
5.000 €
Beneficiario
Universidad Politécnica de Cartagena
Plazo justificación
28 de febrero de 2027
Periodo ejecución
Todo el ejercicio 2026

La institución cartagenera, que ya validó los instrumentos de medición durante la primera etapa gracias a la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario, tiene ahora la tarea de obtener datos empíricos sobre el conocimiento real que tienen tanto profesores como alumnos. El trabajo busca detectar necesidades formativas y oportunidades para que el emprendimiento colectivo tenga más peso en la docencia y la investigación universitaria regional.

El dinero sale directamente de las arcas autonómicas y busca cubrir gastos corrientes durante todo 2026. La lista de costes que la universidad podrá justificar es detallada: desde material de oficina y libros hasta los gastos de locomoción de los ponentes o el alquiler de locales para las conferencias y cursos que el equipo investigador organice.

Esta concesión directa se fundamenta en la singularidad del trabajo y su continuidad metodológica, descartando una convocatoria abierta por la especificidad de los datos que la UPCT ya maneja desde la fase anterior. La universidad tiene de plazo hasta finales de febrero de 2027, dos meses después de que concluya el año natural, para presentar todas las facturas justificativas ante la Dirección General de Autónomos y Economía Social.

La normativa es estricta con el uso de estos fondos. No se admitirán facturas de comidas, atenciones protocolarias ni inversiones en activos fijos. Además, los costes salariales y de desplazamiento del personal propio no podrán exceder el 20 por ciento del total de la ayuda recibida. Todo lo que se gaste debe estar directamente vinculado a la investigación.

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