UMU y UPCT reciben 1,4 millones para contratar profesorado
Ver las 63 ayudas abiertas en la Región de Murcia →La Región destina 1,4 millones a las universidades públicas para financiar 116 plazas de profesorado ayudante doctor. El objetivo es cumplir con los nuevos límites de carga lectiva y reducir la precariedad académica.
La Región de Murcia ha movido ficha para apuntalar sus plantillas universitarias. El Consejo de Gobierno ha formalizado la concesión directa de fondos para el Programa María Goyri, una iniciativa nacional que busca reducir la precariedad en el profesorado y adaptar las universidades a los límites de carga docente fijados por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Datos clave
- Cuantía total
- 1.411.414,41 €
- Plazas UMU
- 101 plazas (1.114.096,65 €)
- Plazas UPCT
- 15 plazas (297.317,76 €)
- Coste por plaza
- 45.050,00 € al año
- Plazo justificación
- 1 mes tras la notificación
El grueso de la inversión se reparte entre las dos grandes instituciones públicas regionales. La Universidad de Murcia (UMU) recibe 1.114.096,65 euros destinados a financiar 101 plazas de profesorado ayudante doctor. Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) obtiene 297.317,76 euros para cubrir 15 plazas adicionales.
La inyección económica total asciende a 1.411.414,41 euros.
El origen de este dinero es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que transfiere los fondos mediante un convenio previo. La Comunidad Autónoma actúa como gestora para que el programa, que ya tuvo actividad en 2024, mantenga su continuidad durante el ejercicio 2025.
Las universidades no han tenido que competir en concurrencia pública para acceder a este dinero. La administración regional justifica esta vía excepcional argumentando que ambos centros son los únicos destinatarios posibles para las plazas ya asignadas en el marco nacional.
Los fondos deben cubrir los costes salariales y de Seguridad Social. El coste unitario de referencia fijado para cada una de estas plazas es de 45.050,00 euros anuales.
El decreto llega en un contexto de prórroga presupuestaria en la CARM para el ejercicio 2026. Esta situación ha obligado a tramitar la subvención de manera directa para evitar demoras que afectaran a la contratación del personal investigador.
Ahora, las universidades tienen una tarea administrativa por delante. Deben presentar una cuenta justificativa ante la Dirección General de Universidades e Investigación en el plazo de un mes desde que se les notifique la orden de concesión.
Esta memoria deberá desgranar con detalle cada contrato, incluyendo fechas de inicio y fin, además de la identificación de cada puesto. El control financiero será estricto. La Intervención de la Comunidad Autónoma y el Tribunal de Cuentas fiscalizarán el uso de cada euro recibido.
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