La Comunidad y la Asociación Albores refuerzan la atención a menores
Un nuevo acuerdo de colaboración impulsará el acompañamiento terapéutico y socioeducativo de los menores en acogimiento residencial de la Región, sin coste añadido para el presupuesto autonómico.
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma ha formalizado un nuevo marco de colaboración con la Asociación Albores. El acuerdo busca reforzar la atención terapéutica y socioeducativa de los menores que actualmente se encuentran bajo tutela en centros residenciales de la Región.
Datos clave
- Duración
- 3 años
- Entidades
- Consejería de Política Social y Asoc. Albores
- Objeto
- Acompañamiento terapéutico a menores tutelados
El proyecto se encuadra en el programa FSE+ de Inclusión Social y Garantía Infantil. La iniciativa se centra en un objetivo claro: facilitar que estos menores cuenten con un acompañamiento especializado que potencie su bienestar emocional y personal, con la mirada puesta en un posible retorno a sus familias de origen.
La Asociación Albores, entidad seleccionada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en febrero de 2026, asume ahora el despliegue operativo. Entre sus nuevas tareas destaca la implantación de un sistema de encuestas de satisfacción, que se realizará a los usuarios cada seis meses y al concluir cada intervención.
El convenio no supone un desembolso económico adicional entre las partes. Cada entidad asume sus propios costes de participación, sin perjuicio de la financiación ya adjudicada a la asociación por el Fondo Social Europeo Plus para estos tres años de vigencia.
Una comisión de seguimiento paritaria, presidida por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación, supervisará el desarrollo de las actuaciones. El equipo, que debe constituirse en los próximos tres meses, resolverá cualquier incidencia y analizará los resultados obtenidos.
El acuerdo integra un compromiso estricto en el tratamiento de datos personales. Albores actuará como encargada del tratamiento y deberá garantizar la máxima confidencialidad sobre informes, expedientes y circunstancias personales de los menores.
Los protocolos son rigurosos.
El incumplimiento de estas normas de seguridad por parte de la asociación conlleva responsabilidades económicas directas frente a la Comunidad Autónoma. La protección de los datos de los menores se extiende incluso tras finalizar la vigencia del convenio.
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