El yacimiento Barranco de la Rata de Cartagena, ya bajo protección
El yacimiento romano del Barranco de la Rata en Cartagena obtiene protección oficial tras ajustar sus límites para excluir dos fincas afectadas. Qué implica su catalogación y cómo afecta a los propietarios.
El yacimiento arqueológico del Barranco de la Rata, en Cartagena, ya es oficialmente un bien catalogado por su relevancia cultural. La resolución administrativa, que acaba de publicarse en el boletín regional, pone punto final a un largo proceso de tramitación que arrancó en febrero de 2025 y que ha tenido que sortear sus propios obstáculos sobre el terreno.
Datos clave
- Estatus
- Bien catalogado de relevancia cultural
- Localización
- Término municipal de Cartagena
- Recurso
- Alzada en 1 mes ante la Consejera
El yacimiento se asienta en un cerrito de escasa altitud entre las ramblas de Las Caveas y el Barranco de la Rata, una zona que durante la época romana fue un punto estratégico para la agricultura por su cercanía a una calzada clave que conectaba Carthago Nova con el valle del Guadalentín. Los restos cerámicos hallados allí, que incluyen fragmentos de terra sigillata y ánforas, confirman una ocupación que se remonta a los siglos II y I antes de nuestra era y que se mantuvo durante el periodo altoimperial.
La delimitación definitiva ha sido necesaria ajustar. Durante el periodo de información pública, los propietarios de dos fincas, concretamente las parcelas 29 y 304 del polígono 84, presentaron alegaciones argumentando que la delimitación inicial invadía sus terrenos, tomando como referencia un camino de tierra que bordea el yacimiento. El Servicio de Patrimonio Histórico analizó la cartografía y dio la razón a los titulares: el límite natural del yacimiento debe finalizar en dicho camino, lo que ha provocado la exclusión de estas dos parcelas del catálogo.
Esta catalogación impone ahora estrictos deberes de conservación a los propietarios del bien. Cualquier intervención en el área está prohibida sin una autorización previa y expresa de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y no se permite ni la búsqueda ni la recogida de materiales, ni el uso de detectores de metales.
Las actuaciones futuras que impliquen remover el terreno deberán ser supervisadas mediante un proyecto arqueológico. El director general, Patricio Sánchez, firma una resolución que recuerda que la integridad de este cabezo es, a partir de ahora, una responsabilidad protegida por ley.
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