Viana vigilará el fraude fiscal con un nuevo plan para 2027-2029

El Ayuntamiento de Viana ha puesto sobre la mesa su hoja de ruta para perseguir el fraude fiscal durante los próximos tres años. El pleno municipal aprobó recientemente el Plan de Control Tributario que regirá entre 2027 y 2029, un documento que detalla cómo los servicios de Gestión e Inspección vigilarán el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio.

El plan no es una cacería indiscriminada, sino un ejercicio de selección. La administración ha fijado su lupa en sectores concretos, priorizando aquellas actividades donde históricamente se detectan más desajustes entre lo que se declara y la realidad económica. La escasez de medios humanos y materiales obliga al ayuntamiento a enfocar sus esfuerzos donde el impacto en las arcas locales es mayor.

La inspección tiene nombres propios al frente. La alcaldesa, Blanca Yolanda González, asumirá la jefatura de Inspección, mientras que la interventora municipal, Idoia González de Zárate, ejercerá como inspectora actuaria. Ambas liderarán un equipo que contará con el apoyo de las áreas de Urbanismo y Hacienda para cruzar datos de licencias de obra, registros de propiedad y declaraciones ya existentes.

¿Dónde buscarán los inspectores? Las empresas promotoras de vivienda, las grandes superficies comerciales de más de 100 metros cuadrados y las actividades de fabricación que tributan por kilovatio están en el punto de mira. También vigilarán de cerca a las entidades financieras y a las empresas dedicadas al alquiler de inmuebles. El fraude en la declaración de metros cuadrados edificados en promociones inmobiliarias es, según el documento, uno de los puntos donde se pierde más recaudación.

El plan prevé además una estrategia territorial. Los sectores industriales y las actividades ubicadas en zonas diseminadas serán objeto de una revisión especial. El objetivo es doble: asegurar que los negocios cuentan con la licencia de apertura necesaria y verificar que cumplen con las condiciones de seguridad y salubridad exigidas por la normativa.

La transparencia del plan tiene límites claros. El documento oficial recalca que los detalles específicos de los expedientes y las estrategias internas de selección de contribuyentes tienen carácter reservado. Esta confidencialidad busca proteger la eficacia de las actuaciones de comprobación e investigación frente a posibles elusiones.

Cada actuación de los servicios municipales se basará en indicadores económicos sectoriales y en datos concretos discordantes. Si la comparación de datos revela una desviación significativa, el contribuyente será incluido en el plan. El ayuntamiento confía en que esta planificación coordinada no solo detecte el fraude, sino que también refuerce la justicia tributaria y la suficiencia económica de las arcas locales.