Seis concesiones de agua en Gipuzkoa llegan a su fin

Seis aprovechamientos hídricos en Gipuzkoa han dejado de tener validez legal, cerrando capítulos que en algunos casos se remontan a principios del siglo pasado. La Agencia Vasca del Agua ha formalizado la extinción de estas concesiones, una medida que alcanza tanto a particulares como a usos específicos que ya no se encuentran en funcionamiento o cuyos plazos han expirado definitivamente.

La lista de expedientes cerrados es variada y refleja usos del agua muy distintos a lo largo de la geografía guipuzcoana. Entre los casos resueltos, destaca la renuncia voluntaria de un titular en Arrasate, referente al manantial Urgarai, con fecha de resolución del 10 de abril. Por otro lado, la actividad de acuicultura en el río Karrika, en Oiartzun, se da por finalizada tras cumplirse el término de su concesión original, que databa de 1998.

El grueso de los cierres se debe a la inactividad prolongada durante más de tres años, lo que contraviene la normativa vigente. En esta situación se encuentran el aprovechamiento de fuerza motriz de Simón Arrue en Oñati, con una capacidad de 400 litros por segundo, así como la actividad de molinería de Ildefonso Irastorza Michelena en Oiartzun, que contaba con una concesión desde 1948. También figura en este grupo el uso hidroeléctrico y de molino de Francisco Elorza en el río Katuin, en Azkoitia.

El caso de Antonio Unamuno Larrañaga, también en Azkoitia, completa la relación, al finalizar su derecho de aprovechamiento hidroeléctrico en el Aizburu-Erreka por haber expirado el plazo de su concesión original, fechada en 1934. La resolución oficial subraya que esta publicación sirve como notificación individual para todos los interesados.

Aquellos afectados que deseen impugnar esta decisión disponen ahora de un mes de plazo para presentar un recurso de alzada ante el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. La medida, dictada desde Vitoria-Gasteiz, tiene efectos inmediatos desde el día siguiente a su publicación, dejando claro que el uso de estos recursos hidráulicos requiere una vigencia administrativa que, en estos seis casos, ha concluido.