Diez tribunales para las oposiciones de la Administración Vasca 2026

Si eres uno de los aspirantes que aguarda con paciencia las pruebas de acceso a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya puedes poner nombre y apellidos a quienes estarán al otro lado de la mesa. El Gobierno Vasco ha publicado en su boletín oficial la composición de los diez tribunales que dirigirán los procesos selectivos convocados el pasado 23 de abril, despejando una de las incógnitas habituales en toda oposición.

La lista abarca especialidades que van desde la medicina y la farmacia hasta diversos perfiles de la administración penitenciaria, incluyendo trabajo social, enfermería y educación social. Cada tribunal cuenta con una estructura de presidencia, vocalías y secretaría, tanto en su versión titular como en la suplente, garantizando que el proceso pueda avanzar incluso ante imprevistos.

En medicina, el tribunal estará presidido por Iñaki Carrera Arrieta, mientras que en farmacia la responsabilidad recae sobre Isabel Porras Arregui. Para el cuerpo técnico de enfermería, será Ana Beatriz Sastre González quien encabece la mesa evaluadora. Estos nombramientos son el paso previo necesario antes de que se concreten las fechas definitivas de los exámenes.

El despliegue es considerable en el ámbito penitenciario, donde se han configurado tribunales específicos para áreas tan diversas como la jurídica, la psicología, la administración especial, el trabajo social y la educación social. Juan Carlos Nieto Ferrero, por ejemplo, asume la presidencia tanto en la escala jurídica como en la administración especial penitenciaria.

Para el resto de las especialidades, la supervisión de salud pública y epidemiología queda bajo la batuta de Beatriz Nuin González, mientras que la escala de prevención de riesgos laborales contará con María Victoria Ramírez Munilla al frente. Por su parte, el tribunal para el cuerpo técnico de trabajo social en el área penitenciaria está presidido por José Carlos Merino Álvarez de Eulate, y el de educación social por Ramon Matanza Menéndez.

Las personas designadas tienen la obligación de integrar estos tribunales, salvo causas justificadas como la incapacidad, la abstención legal o la fuerza mayor, las cuales serán valoradas directamente por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. La normativa asegura así la continuidad de los procesos frente a cualquier contingencia sobrevenida.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien optar por la vía contencioso-administrativa en los dos meses siguientes a su publicación. Por ahora, los aspirantes tienen la garantía de saber quién valorará sus méritos en este largo camino hacia una plaza fija en el sector público vasco.