Nuevas claves en las ayudas a las víctimas del terrorismo en Euskadi

Las víctimas del terrorismo en Euskadi cuentan desde este viernes con un reglamento renovado para acceder a sus prestaciones asistenciales. El Gobierno Vasco ha publicado una reforma integral del decreto que regula este sistema de protección, introduciendo cambios que buscan agilizar la respuesta institucional y ajustar los trámites a la realidad actual.

La norma, que entró en vigor el 3 de julio de 2026, pone el foco en el acceso a la asistencia psicológica. Se fija un límite máximo de 3.500 euros por tratamiento individualizado, una cuantía que podrá ampliarse de forma excepcional según el criterio médico. Además, los pagos se realizarán por trimestres vencidos, salvo para personas en situación de vulnerabilidad, que podrán ver abonada la ayuda directamente a los profesionales que presten el servicio.

El texto también aclara cómo certificar esa vulnerabilidad: bastará un informe emitido por los Servicios Sociales de Base. Este cambio busca simplificar el acceso a profesionales privados, incluyendo la atención psicosocial y psicopedagógica, cuando la necesidad derive de acciones terroristas sufridas en el territorio o por personas domiciliadas en la Comunidad Autónoma.

La reforma aprovecha para actualizar la estructura administrativa, adaptando los nombres de las direcciones y departamentos al organigrama actual del Gobierno Vasco. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos asume ahora la coordinación centralizada de la mayoría de estos procedimientos, eliminando duplicidades y modernizando los cauces de comunicación.

Los plazos de resolución se han unificado para ofrecer mayor seguridad jurídica. En la mayoría de las ayudas, como las de asistencia jurídica, prótesis o vivienda, la administración tendrá un máximo de seis meses para notificar la respuesta. Si pasado ese tiempo no hay contestación, la solicitud se considerará estimada por silencio administrativo.

Otro punto relevante afecta a quienes sufren acoso, amenazas o coacción. El informe que acredite esta situación, solicitado por la dirección competente en Derechos Humanos al Departamento de Seguridad, deberá emitirse en un plazo máximo de diez días y tendrá carácter vinculante.

Finalmente, se han actualizado las referencias normativas en materia de becas y ayudas al estudio. El sistema se alinea ahora con la Ley Orgánica de Educación vigente, garantizando que ninguna actualización legal deje desfasadas las ayudas académicas para los afectados.

La burocracia se reduce. Menos trabas para quien más necesita ayuda.