Programa Bonos Elkarrekin 2026: nuevas bases para talleres y formación

El Gobierno Vasco ha renovado el Programa Bonos Elkarrekin, una iniciativa diseñada para que las entidades sin ánimo de lucro y los centros escolares o ayuntamientos colaboren en proyectos de convivencia. Si tu asociación tiene entre manos talleres de derechos humanos o resolución de conflictos, este decreto establece las nuevas reglas del juego para obtener financiación.

El sistema es sencillo: por cada hora de formación o dinamización justificada, la administración concede un bono de 90 €. A cambio, la entidad destinataria del servicio debe aportar, al menos, un 10 por ciento adicional del valor de la ayuda. Todo el proceso es ahora más rígido, obligando a presentar los anexos normalizados que el boletín incluye desde esta semana.

El nuevo texto ajusta los límites cuantitativos de las subvenciones según el tamaño de la entidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el tope por centro escolar es de 5.000 €, mientras que en la convivencia local, la cantidad acumulable varía entre 5.000 € y 20.000 € según la población del municipio.

Los requisitos para participar son estrictos. Las actividades deben contar con al menos 15 personas en sesiones de formación o involucrar a la totalidad de un aula o claustro en dinamizaciones escolares. Si se trata de ámbitos municipales, la exigencia sube: se pide contactar a más de 500 personas o reunir a un mínimo de 40 en charlas o foros.

El pago se fragmenta para evitar disgustos. Un 50 por ciento se ingresa de forma inmediata tras la notificación de concesión, mientras que el resto queda sujeto a la justificación final de la actividad. Olvídate de cobrar si no logras demostrar que se han cumplido los objetivos pedagógicos o de participación marcados al inicio.

Las antiguas bases de 2014 quedan derogadas. El actual marco legal, publicado el 7 de julio de 2026, entra en vigor al día siguiente de su aparición oficial. Los plazos y la documentación completa se detallarán en la convocatoria anual que dictará la dirección competente en materia de Derechos Humanos.