Agaleus Circular Thinking obtiene luz verde para su planta en Zierbena

El Gobierno Vasco ha formalizado la concesión de la autorización ambiental integrada para la nueva planta de tratamiento de residuos que Agaleus Circular Thinking, S.L. proyecta en el muelle AZ0 del Puerto de Bilbao, dentro del término municipal de Zierbena. La resolución pone fin a un complejo procedimiento administrativo que incluyó un periodo de información pública durante el cual se recibieron diversas alegaciones, ahora respondidas en el documento oficial publicado en el boletín.

La instalación contará con una capacidad total de gestión de 144.500 toneladas de residuos al año. De esta cifra, se estima que el 70 por ciento corresponderá a residuos peligrosos y el 30 por ciento restante a no peligrosos, repartidos en líneas especializadas de tratamiento físico-químico, biológico, de ácidos agotados y de valorización de envases. La planta se asienta sobre una superficie total de 17.000 metros cuadrados y el proyecto ha requerido una inversión considerable en medidas de control y vigilancia ambiental.

La resolución impone condiciones estrictas para el funcionamiento. Entre las más destacadas, la empresa deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un importe de 1.090.000 euros y prestar una fianza de 572.250 euros. Además, la puesta en marcha efectiva de la planta queda condicionada a una verificación previa mediante visita de inspección técnica, permitiéndose únicamente un periodo de pruebas de hasta cinco meses.

Para el control de emisiones y vertidos, la empresa deberá implementar telecontrol en tiempo real al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia y cumplir con rigurosos límites de emisión en sus focos canalizados. La planta está obligada a presentar anualmente un programa de vigilancia ambiental y el cumplimiento de las condiciones establecidas será supervisado estrechamente por el Órgano Ambiental.

El expediente, que incluye una extensa lista de residuos autorizados clasificados por códigos LER, también aborda las preocupaciones ciudadanas expresadas durante la fase de información pública, centradas principalmente en el impacto por olores y la seguridad de la ubicación. La normativa ambiental recuerda que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, la empresa se enfrenta a sanciones tipificadas como leves, graves o muy graves, según la magnitud de la afección al entorno o a la salud pública.