Luz verde ambiental para el nuevo plan urbanístico de Illarra

El plan urbanístico para Illarra y Munto suma un nuevo capítulo, aunque esta vez no es por una sentencia judicial, sino por la luz verde ambiental que acaba de recibir. El Gobierno Vasco ha formulado el informe ambiental estratégico para la nueva modificación puntual del Plan General de Donostia, un trámite que busca desbloquear el desarrollo de cuatro ámbitos específicos tras los varapalos judiciales de los últimos años.

Todo se reduce a adaptar el planeamiento de 2022 a lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El objetivo es incrementar la vivienda protegida en Illarra, redefinir las actuaciones en Villa Ereski y Depósito, y blindar Erregenea como espacio libre no urbanizable. Las tensiones jurídicas, que arrancaron con el recurso de la asociación vecinal de Lugaritz-Aiete-Ibaeta en 2022, han forzado al Ayuntamiento a recalibrar sus piezas.

El proyecto sobre la mesa no busca rediseñar la ciudad desde cero. Se limita a corregir los flecos anulados por los tribunales en enero y febrero de 2026. La parte de Illarra IB.12.1, por ejemplo, mantendrá sus líneas maestras, pero vinculando 19.340,25 metros cuadrados a un régimen de vivienda protegida. En la zona de Villa Ereski y el antiguo Depósito de la Fundación Matia, la actuación se categoriza ahora como integrada, con una superficie total de 6.952 metros cuadrados que incorpora ajustes en las dotaciones locales.

Las exigencias ambientales impuestas por el director de Administración Ambiental, Nicolás García-Borreguero, son estrictas para evitar el procedimiento ordinario. El Ayuntamiento deberá garantizar que el interior de las futuras edificaciones cumpla con los objetivos de calidad acústica, un reto nada menor dado el ruido del tráfico en la zona. Las obras, además, deberán ajustarse a un horario diurno y mantener los viales de acceso limpios de barro y restos.

La revegetación de los espacios libres es otro punto clave. El manual de buenas prácticas será de obligado cumplimiento, priorizando especies autóctonas y prohibiendo terminantemente invasoras como la cortaderia selloana. Los excedentes de tierras deberán gestionarse con equilibrio dentro del propio ámbito, buscando una huella mínima en los movimientos de terreno necesarios.

Si durante las futuras obras apareciera algún resto arqueológico, la orden es suspender la actividad de inmediato. La protección del patrimonio, junto a la gestión de residuos y la integración paisajística, forma parte de las condiciones que el plan debe adoptar para ser viable. Los trabajos preventivos son la nueva norma.

Este informe tiene una vigencia de cuatro años desde su publicación. Si el Ayuntamiento no aprueba definitivamente la modificación puntual del PGOU en este plazo, el proceso deberá reiniciarse desde el principio. El camino administrativo para Illarra y Munto sigue su curso, un poco más despejado que hace un año.