Luz verde a la división de la parcela industrial de Ibarreta

El área industrial de Ibarreta, en el barrio de Garagarza de Mondragón, prepara un cambio de cara que dejará atrás su configuración original de pieza única. La Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco ha dado el visto bueno al informe ambiental estratégico que permitirá reordenar la parcela 2 de este ámbito, un espacio de 114.240 metros cuadrados donde, hasta ahora, el planeamiento vigente solo contemplaba un uso industrial de gran tamaño.

La transformación prevista por el Ayuntamiento de Mondragón busca dividir esta gran superficie en cinco parcelas más pequeñas. El objetivo es claro: dinamizar el polígono facilitando la llegada de nuevas actividades industriales. Dos de estas futuras parcelas mantendrán el perfil de gran escala, mientras que el resto ofrecerán un formato mucho más reducido, adaptándose así a las necesidades de empresas de menor dimensión.

El proyecto, que cuenta con una edificabilidad ordenada de 71.721 metros cuadrados, se ha librado de pasar por una evaluación ambiental ordinaria al demostrarse que no generará impactos significativos. Eso sí, la resolución impone una serie de condiciones ineludibles que el plan definitivo deberá recoger con rigor, especialmente en lo que respecta al subsuelo.

Al tratarse de terrenos con pasado industrial, ligados en parte a la antigua Fagor, el control sobre el suelo contaminado será estricto. Cualquier obra que requiera excavar un volumen superior a los 500 metros cúbicos exigirá un plan específico de excavación selectiva, que deberá estar aprobado antes de que comiencen los trabajos. Si durante las obras aparecieran nuevos indicios de sustancias contaminantes, la comunicación al Consistorio y a la Viceconsejería de Medio Ambiente deberá ser inmediata.

El respeto a las zonas inundables y al cauce del río Aramaio es otro de los puntos clave. La edificación deberá mantener un retranqueo mínimo de 10 metros respecto al río, y se prohíbe cualquier construcción bajo rasante en zonas inundables, salvo que se garantice su estanqueidad absoluta. Además, las empresas que se instalen deberán seguir guías de edificación sostenible para reducir el consumo de agua y energía, una exigencia que el Gobierno Vasco traslada a las futuras construcciones.

El informe tiene una vigencia de cuatro años desde su publicación hoy en el boletín. Si en ese plazo el Ayuntamiento no aprueba definitivamente el Plan Especial, el documento perderá su validez y habría que iniciar todo el procedimiento de evaluación desde cero.