Economía, Hacienda y Fondos Europeos - Industria, Energía y Minas·Boletín Bien de la Provincia de Sevilla,

Carmona da luz verde a la instalación solar HSF Cerro Gordo

La Junta de Andalucía autoriza la planta fotovoltaica HSF Cerro Gordo en Carmona, que contará con almacenamiento por baterías y una potencia de 2,5 MW.

El paisaje de Carmona va a sumar un nuevo punto de captación solar, aunque esta vez con el refuerzo de baterías para almacenar lo que produzca. La Junta de Andalucía ha formalizado la autorización ambiental y administrativa para la instalación fotovoltaica conocida como HSF Cerro Gordo, cerrando un proceso que comenzó en junio de 2024.

Datos clave

Promotor
Sustainable PV 7 S.L.
Potencia
2,5 MW
Ubicación
Carmona (polígono 71, parcela 34)
Infraestructura
Planta fotovoltaica con almacenamiento

La promotora, la sociedad mercantil Sustainable PV 7, ha obtenido luz verde para una planta que, según consta en la ficha técnica, contará con una potencia instalada de 2,5 MW. El proyecto, diseñado para generar energía mediante tecnología solar, incluye también un sistema de almacenamiento y una línea de evacuación de 15 kV que conectará con el centro de seccionamiento de la planta El Chorrillo.

El camino hasta esta resolución no ha sido un simple trámite. La solicitud inicial, que en su día se presentó bajo el nombre de Cantosal Solar FV 1, ha pasado por cambios de denominación, de ubicación y de titularidad. La propia administración ha tenido que coordinar informes sectoriales que incluyen desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hasta los servicios de Vías Pecuarias y Bienes Culturales de la Junta.

El expediente técnico detalla que la línea eléctrica, de unos 325 metros de longitud, discurrirá de forma soterrada. La planta se ubica en el polígono 71, parcela 34, del término municipal carmonense. El proyecto cuenta con el aval técnico del ingeniero Ángel Blanco.

Esta autorización, que es definitiva en el ámbito administrativo, no exime a la empresa de obtener las licencias municipales que sean necesarias para la ejecución de la obra. La resolución deja claro que el derecho a operar queda sujeto al estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes.

La administración se reserva la potestad de anular el permiso si se incumplen las condiciones impuestas o si se detectan alteraciones no autorizadas durante la vida útil de la instalación. El proyecto tiene ahora su vía libre, pero la ejecución real empieza ahora.

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