Permutas en Pedrera: dos parcelas municipales cambian de manos

El Ayuntamiento de Pedrera ha dado carpetazo a dos expedientes de permuta que transforman el patrimonio municipal en suelo rústico. Las resoluciones, firmadas en la recta final de junio, oficializan el intercambio de dos parcelas urbanas situadas en la unidad de ejecución número uno por terrenos de secano ubicados en el paraje de Cabrerizas, una zona conocida tradicionalmente como la Sierra de la Cruz.

El primer movimiento, resuelto el 17 de junio mediante la resolución 972/2026, afecta a una parcela de 130,43 metros cuadrados con fachada a la calle Lucía Sánchez Saornil. A cambio, el Consistorio recibe de Norberta Gallardo Pariente una finca de 9.670 metros cuadrados, según registro, aunque el catastro eleva la medición hasta los 10.154 metros cuadrados. Se trata de un terreno de calma con acusada pendiente y presencia de afloraciones rocosas.

La segunda operación, aprobada apenas una semana después, el 24 de junio bajo la resolución 1021/2026, sigue un patrón muy similar. En esta ocasión, la parcela urbana intercambiada es la número once de la misma manzana, con idéntica superficie de 130,43 metros cuadrados y también con fachada a la calle Lucía Sánchez Saornil. La contraparte en este caso ha sido Antonio Guerrero Gómez, quien entrega a cambio una finca rústica de 9.660 metros cuadrados, superficie que el catastro ajusta a 10.047 metros cuadrados.

Ambas fincas rústicas recibidas comparten características: baja calidad agronómica y una ubicación en el polígono uno que linda con el camino que une Pedrera con Lora de Estepa. Estos intercambios permiten al Ayuntamiento ampliar sus propiedades en este paraje, mientras que los particulares se hacen con suelo urbano para edificación en una zona residencial en desarrollo.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, cualquier interesado puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, o bien optar por la vía contencioso-administrativa ante los tribunales en un plazo de dos meses.