Más tiempo para comprar vehículos municipales en la provincia

Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, a excepción de la capital, ganan un año extra de margen para completar la compra de vehículos destinados a servicios públicos. La Diputación de Sevilla, ante las solicitudes presentadas por municipios como Castilleja del Guzmán, La Rinconada, Morón de la Frontera y Lebrija, ha decidido modificar las bases de esta línea de subvenciones para evitar que las dificultades de suministro y la escalada de precios dejen las ayudas sin ejecutar.

La realidad del mercado automovilístico, marcada por la falta de stock y los retrasos en las entregas, había puesto contra las cuerdas a varios municipios. En casos como el de La Rinconada, ni siquiera había sido posible iniciar la licitación antes de febrero de 2026, mientras que en Morón de la Frontera la necesidad de actualizar los pliegos técnicos para evitar licitaciones desiertas forzó a pedir un respiro adicional a la institución provincial.

El acuerdo plenario de 28 de mayo, que ahora se hace oficial, mueve la meta del 31 de diciembre de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Esta extensión, que no supone un incremento del gasto ni altera el objeto de las ayudas, busca garantizar que los fondos ya concedidos cumplan su finalidad sin que los tiempos administrativos se conviertan en un obstáculo insalvable.

Con este nuevo calendario, el plazo de justificación de la subvención queda fijado en tres meses a contar desde el 31 de diciembre de 2027. Esta prórroga es de aplicación general para todas las entidades locales beneficiarias que se encontraban en esta situación de dificultad, sin necesidad de que el retraso sea imputable a una gestión ineficiente, sino a causas sobrevenidas de mercado que una administración diligente no podía prever.

Si tu ayuntamiento es uno de los beneficiarios de esta línea de subvenciones y tenías dudas sobre la viabilidad de los plazos, el acuerdo pone fin a la vía administrativa y otorga una tranquilidad necesaria para cerrar los expedientes de contratación con las garantías técnicas y económicas adecuadas. Aquellas entidades que se consideren afectadas o que necesiten recurrir por cualquier aspecto formal disponen de un mes para interponer un recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano, o dos meses si optan por la vía contencioso-administrativa.