La Mancomunidad Guadalquivir desafecta 51 vehículos de su flota
El organismo comarcal aprueba el cambio de estatus de 51 vehículos de su flota, que dejan de ser bienes de dominio público para convertirse en patrimoniales.
La Mancomunidad Guadalquivir ha decidido renovar su flota tras poner en marcha un expediente de desafectación de 51 vehículos. Estos automóviles, que hasta ahora formaban parte de los bienes públicos del organismo, cambian su estatus legal para pasar a ser bienes patrimoniales, un trámite que suele preceder a su próxima enajenación o baja definitiva del servicio activo.
Datos clave
- Vehículos afectados
- 51
- Fecha de acuerdo
- 23 de junio de 2026
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso contencioso
- 2 meses
La lista, que abarca modelos de distintas marcas como Renault, Iveco, Mercedes Benz, Nissan, Ford, Piquersa y Volvo, incluye desde camiones de gran tonelaje y vehículos de carga hasta turismos más ligeros. Todos ellos han sido ya marcados para abandonar su función pública actual tras el acuerdo plenario adoptado el 23 de junio de 2026.
Entre los afectados se encuentran, por ejemplo, varios Renault Premium 320.26, un Nissan Patrol, diversas unidades de Iveco 35C15 y varios Renault Clio, reflejando el desgaste propio de una flota que ha prestado servicio durante años en la comarca. La relación detallada de matrículas, desde la SE3468BU hasta la 1816HGH, confirma el alcance de esta medida.
La administración ya ha previsto los siguientes pasos técnicos. El proceso implica ahora un acto de recepción formal de todos los vehículos, tal y como marca el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía. Es la fase final antes de que estos activos dejen de computar como material de trabajo operativo.
Contra este acuerdo de desafectación, que ya es definitivo en la vía administrativa, cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado. Quienes prefieran la vía judicial podrán optar por el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Sevilla en un plazo de dos meses.
El cambio es oficial.
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