Santiponce: el Estado investiga la propiedad del viejo tren minero
El Ministerio de Hacienda inicia un proceso para determinar quién es el dueño real de las fincas del antiguo ferrocarril de la mina La Caridad tras décadas de dudas.
El Estado busca dueño oficial para los terrenos que ocupó el antiguo ferrocarril de la mina La Caridad a su paso por Santiponce. El Ministerio de Hacienda ha iniciado formalmente un expediente de investigación patrimonial sobre dos parcelas concretas que, aunque figuran en el inventario municipal del ayuntamiento, carecen hoy de un título de propiedad registrado que confirme su titularidad.
Datos clave
- Qué se investiga
- Titularidad de terrenos del antiguo ferrocarril
- Parcelas
- 41089A001090070000XI y 41089A002090060000XF
- Estado actual
- Parcelas desocupadas y libres al tránsito
El problema de fondo es el rastro que dejaron las antiguas concesiones ferroviarias, una madeja de documentos antiguos y lagunas sobre cómo se levantaron las vías cuando cesó la actividad. La propia Compañía Gaditana de minas La Caridad, que operó en la zona hace más de un siglo, fue revocada en 2018 y ya no aparece en el Registro Mercantil.
Las fincas afectadas, con referencias catastrales 41089A001090070000XI y 41089A002090060000XF, se encuentran actualmente desocupadas y abiertas. El Ayuntamiento de Santiponce había solicitado la cesión gratuita de estos suelos para integrarlos en la Vía Verde de Itálica, pero el vacío legal sobre quién es el dueño real ha obligado al Estado a activar este procedimiento investigador.
Los colindantes no han reclamado nada. Nadie ha presentado pruebas de propiedad durante las diligencias previas, por lo que la Administración General del Estado ha decidido ejercer su derecho a investigar si los terrenos le pertenecen en origen.
Este expediente es una pieza más de un puzle mucho mayor que recorre 175 kilómetros de antiguos trazados mineros en Sevilla y Huelva. La Abogacía del Estado en Sevilla confirmó el pasado 26 de febrero de 2026 que no hay otra salida que abrir este proceso administrativo.
El Estado aclara su situación. La investigación sigue en marcha.
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