Luz verde al sistema de baterías Esmeralda en Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra suma un nuevo capítulo a su despliegue de energías renovables con la luz verde al módulo de baterías Esmeralda. El Ministerio para la Transición Ecológica ha formalizado la autorización previa y de construcción para este sistema de almacenamiento de 39,6 MW, diseñado para hibridarse con el parque fotovoltaico ya operativo en el municipio. Es un proyecto que busca optimizar la gestión de la energía, permitiendo almacenar tanto la electricidad generada por las propias placas como la adquirida de la red para su posterior vertido.

El sistema Esmeralda cuenta con una capacidad de almacenamiento de 140,42 MWh y está configurado para operar durante periodos de 4 horas. Para llevar a cabo esta infraestructura, la empresa promotora, Esmeralda Solar, S.L., instalará un total de 168 inversores de 236,4 kW cada uno, además de la línea subterránea de media tensión a 30 kV necesaria para conectar el nuevo módulo de baterías con el centro de seccionamiento y la subestación de Marchamorón.

Este despliegue aprovecha parte de las infraestructuras ya existentes en la planta fotovoltaica original, la cual dispone de un permiso de acceso y conexión en la subestación Don Rodrigo de 400 kV. El proyecto ha superado el trámite de evaluación ambiental simplificada, amparándose en el Real Decreto 997/2025 que facilita el refuerzo del sistema eléctrico mediante medidas de urgencia.

El expediente, tramitado ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, ha recabado el visto bueno de diversos organismos públicos, desde la Diputación de Sevilla hasta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No se han registrado oposiciones significativas, aunque el promotor ha tenido que aceptar ciertos condicionados técnicos impuestos por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte para garantizar la protección del patrimonio y el entorno.

La normativa es clara respecto a los plazos. El titular tiene ahora la responsabilidad de ejecutar las obras siguiendo el proyecto presentado y debe notificar la finalización de los trabajos ante el órgano provincial correspondiente antes de obtener la autorización definitiva de explotación. Además, cualquier modificación futura deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la legislación del sector eléctrico.

Las exigencias técnicas incluyen el estricto cumplimiento de los procedimientos operativos marcados por el Operador del Sistema. Si la empresa no cumpliera con las condiciones impuestas en esta resolución, la Administración podría anular de pleno derecho la autorización concedida. El camino hacia la puesta en marcha queda trazado.

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en un plazo máximo de un mes. El plazo empieza a correr desde el día siguiente a la notificación o publicación oficial. Una vez transcurrido este mes sin movimientos, la decisión administrativa será firme y vinculante para todas las partes.