Santa Oliva suspende un año las licencias en suelo no urbanizable
El Ayuntamiento de Santa Oliva bloquea durante un año las licencias para proyectos energéticos y telecomunicaciones en su suelo rústico para revisar su normativa.
Santa Oliva pone el freno al desarrollo energético en su suelo no urbanizable. El pleno municipal ha aprobado una suspensión cautelar que paraliza durante un año la concesión de licencias para proyectos que transforman el paisaje rural. La medida afecta directamente a la instalación de parques solares fotovoltaicos y eólicos, así como a las líneas eléctricas de evacuación, subestaciones y nuevas torres de telecomunicaciones.
Datos clave
- Duración
- 1 año (prorrogable hasta 2)
- Actuaciones afectadas
- Parques solares, eólicos, líneas eléctricas y torres
- Recurso
- 2 meses ante el Tribunal Superior de Justicia
- Alcalde
- Christian Martínez
La decisión responde a la necesidad de rediseñar las normas urbanísticas actuales. El Ayuntamiento ha iniciado la redacción de una modificación puntual de su Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, con el fin de endurecer los criterios técnicos, agrícolas y ambientales. Los proyectos ya en tramitación tampoco se libran del bloqueo una vez publicado este anuncio.
La moratoria dura un año. Podría prorrogarse uno más, aunque el periodo total bajo esta restricción no superará los dos años en ningún caso. El alcalde, Christian Martínez, firma este acuerdo que ya es oficial tras su publicación en el boletín provincial.
La administración local busca así margen de maniobra para actualizar su normativa vigente. El objetivo es que los futuros usos de los terrenos agrícolas y patrimoniales no sigan las pautas actuales. La suspensión afecta a parcelaciones, edificaciones, reformas y rehabilitación de construcciones en las zonas protegidas del término municipal.
La medida no es impugnable por sí sola, al ser un trámite preparatorio. Quienes se sientan perjudicados disponen de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Ayuntamiento ya ha dado traslado de esta decisión al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
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