Alcañiz aprueba su nueva ordenanza de convivencia cívica

Alcañiz estrena nuevas reglas para el civismo en la vía pública. Tras su aprobación definitiva en el Pleno del pasado 5 de octubre, la Ordenanza de convivencia cívica ya es una realidad que busca poner orden en el uso de calles, parques y plazas de la ciudad. El texto entrará en vigor en los próximos días y busca frenar conductas que deterioran el mobiliario o la tranquilidad de los vecinos.

El documento detalla un catálogo amplio de comportamientos prohibidos. Desde la manipulación de elementos de señalización, papeleras y contenedores hasta el consumo de alcohol fuera de los lugares autorizados, el ayuntamiento endurece su postura. También se incluye la prohibición de realizar necesidades fisiológicas en la vía pública o el abandono de residuos y enseres fuera de los puntos habilitados.

El cuidado de las zonas verdes y el respeto entre ciudadanos ocupan gran parte de la normativa. Se prohíbe talar o dañar árboles y plantas, así como bañarse en los ríos que discurren por el casco urbano fuera de las zonas señalizadas. Las normas sobre la tenencia de mascotas se vuelven más estrictas, obligando a recoger excrementos inmediatamente y a usar correa en espacios públicos.

Las multas varían según la gravedad de la infracción. Las sanciones leves oscilan entre 150 y 750 euros, las graves alcanzan los 1.500 euros y las muy graves llegan hasta los 3.000 euros. Se prevé una reducción del 50 por ciento si el pago se realiza en los 20 días naturales posteriores a la notificación de la denuncia.

La ordenanza pone especial atención en los locales de peñas. Sus usuarios deberán evitar concentraciones ruidosas en la calle durante la noche y serán responsables de mantener limpia la zona de influencia de sus locales, especialmente durante las fiestas patronales. En caso de molestias reiteradas, el ayuntamiento podrá ordenar el precintado de equipos musicales o el cierre temporal del local.

Las medidas provisionales permiten al ayuntamiento actuar rápido. El alcalde o el concejal delegado tienen la potestad de suspender actividades de forma inmediata si se detectan desórdenes públicos, riesgos para las personas o un exceso de aforo en los locales. Esta decisión deberá ser ratificada o levantada en un plazo máximo de 7 días.

Se establece también un servicio de mediación gestionado por la Policía Local. Esta herramienta pretende resolver conflictos vecinales antes de llegar a la vía judicial. Si la mediación falla, la policía podrá adoptar una resolución vinculante para las partes, sin perjuicio de las acciones judiciales que los interesados decidan emprender después.

El desconocimiento no exime del cumplimiento. La norma estará disponible para consulta pública y el ayuntamiento se compromete a su difusión. El respeto empieza por uno mismo.