Luz verde a la subestación Centenar de Ayora, con un coste de 2,7 millones
Ver las 124 ayudas abiertas en la Provincia de Valencia →La Generalitat autoriza la construcción de la subestación eléctrica de 132/20 kV en Ayora, declarando su utilidad pública para agilizar la expropiación de terrenos.
La nueva subestación eléctrica Centenar ya tiene luz verde. La Dirección General de Energía y Minas ha autorizado finalmente la construcción de esta infraestructura en el municipio de Ayora, un proyecto impulsado por la mercantil I-De Xarxes Elèctriques Intel·ligents que llevaba en tramitación desde mediados de 2022.
Datos clave
- Presupuesto
- 2.712.643,39 €
- Plazo ejecución
- 24 meses
- Ubicación
- Polígono 43, Ayora
- Recurso
- 1 mes ante la Secretaría Autonómica
La instalación, presupuestada en 2.712.643,39 euros, se localizará en suelo urbanizable con desarrollo industrial. Su función principal será la transformación de 132 a 20 kV mediante un transformador de 40 MVA, conectándose a la línea existente que discurre entre Cofrentes y Almansa.
El visto bueno administrativo incluye la declaración de utilidad pública. Esta figura legal es clave, pues permite a la empresa el uso urgente de los terrenos necesarios para levantar la subestación, incluso en caso de no existir acuerdo con los propietarios de las fincas afectadas.
Tres propietarios particulares verán ocupados sus terrenos de forma permanente o temporal, según consta en el anexo de la resolución. Se trata de María Martínez Martínez, Vicenta Cámara García y los herederos de Rafael Abarca Costa, quienes tienen parcelas en el polígono 43 de Ayora.
El expediente no ha estado exento de tensiones. Durante la fase de consulta, la representación de los herederos de Rafael Abarca alegó que no habían sido informados adecuadamente sobre el proyecto, a lo que la eléctrica respondió que intentaría contactarles para explicar las afecciones.
El Ayuntamiento de Ayora también emitió varios informes con condiciones exigentes. Entre ellas, la obligación de soterrar las líneas de evacuación o, en su defecto, justificar la inviabilidad técnica, además de implantar un programa de vigilancia semestral sobre los campos electromagnéticos en un radio de 500 metros.
La empresa se ha opuesto a algunas de estas exigencias, argumentando que no son aplicables bajo el marco regulatorio vigente para este tipo de infraestructuras de distribución. Finalmente, el proyecto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses desde la fecha de autorización.
Si no estás conforme con esta resolución, el boletín oficial detalla la vía de escape legal. Tienes un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medi Ambient i Territori.
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