La Diputación de Valencia ajusta las cuentas turísticas de los municipios

Los ayuntamientos valencianos de menos de 30.000 habitantes han pasado por la lupa de la Diputación de Valencia para revisar cómo se han gastado el dinero destinado a potenciar el turismo. El balance de la convocatoria de 2026, publicada este 20 de julio, deja un reguero de justificaciones aprobadas, una lista larga de renuncias y un buen número de expedientes que se han quedado a medio camino.

El despliegue económico total roza los 400.000 euros, pero la administración provincial solo ha dado luz verde al pago de 281.708,81 euros. Esta cifra es la que los ayuntamientos beneficiarios recibirán finalmente mediante transferencia bancaria, después de que los técnicos hayan comprobado que las facturas y memorias cuadran con lo prometido.

La brecha entre lo concedido y lo pagado tiene explicaciones diversas. Por un lado, una extensa lista de hasta 31 ayuntamientos ha presentado una renuncia formal a la ayuda, retirándose de la convocatoria por motivos que no se detallan en el boletín.

Otros se han quedado fuera por no cumplir con la burocracia exigida. Cinco municipios han perdido el derecho al cobro total por no haber justificado en plazo o por fallos en la forma: Jarafuel, Alfafar, Domeño, Chera y Alborache. Los técnicos han sido estrictos: sin la memoria, el acta o la publicidad del proyecto, no hay abono.

Hay casos donde el descuadre es casi de chiste, con importes no justificados que se quedan en céntimos. Es el caso de Benagéber, Gátova o Catadau, que por un céntimo o menos de euro ven cómo su expediente queda parcialmente sin cobrar. En el extremo opuesto, municipios como Llutxent o Sellent ven cómo la totalidad de su subvención inicial, cercana a los 4.000 euros, queda en suspenso.

La Diputación ha cerrado así la vía administrativa con este decreto firmado el 3 de julio. Quienes consideren que hay algún error en el cálculo tienen un mes para presentar un recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, o dos meses si prefieren acudir a la vía contencioso-administrativa.