La Diputación de Valencia reparte 130.425 euros en ayudas climáticas
La Diputación de Valencia ha resuelto las ayudas para el Pacte dels Alcaldes pel Clima. Repasamos qué municipios han recibido fondos y cuáles se han quedado fuera por falta de crédito.
La Diputación de Valencia ha hecho oficial el reparto de las ayudas para el programa del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, una partida diseñada para que los municipios avancen en su transición hacia un modelo más sostenible. Tras el proceso de revisión, la resolución definitiva confirma que la mayoría de las localidades que presentaron su solicitud verán sus proyectos financiados, aunque no todos han tenido la misma suerte.
Datos clave
- Plazo
- 2 meses para recurso contencioso
- Cuantía
- 130.425 € en total
- Beneficiario
- Municipios del Pacte dels Alcaldes
- Modalidades
- Documentos, informes y huella carbono
El despliegue presupuestario asciende a 130.425 € en total. Estos fondos se han fragmentado en tres modalidades distintas: la elaboración de documentos estratégicos, la redacción de informes de seguimiento y el cálculo de la huella de carbono de los ayuntamientos. La Diputación asume la mayor parte del coste, aunque en algunos casos se exige una pequeña aportación de las arcas municipales.
No todas las peticiones han llegado a buen puerto. El documento detalla una lista de desestimaciones donde el motivo principal, en la gran mayoría de los casos, ha sido el agotamiento de la partida presupuestaria disponible. Otros municipios se han quedado fuera por no ajustarse a las bases técnicas.
La transparencia del reparto llega al detalle de cada municipio. Así, Bugarra y Riola se llevan 4.000 € cada uno para la elaboración de sus documentos del Pacto de Alcaldías. En la modalidad B, una veintena de localidades reciben ayudas que oscilan entre los 2.500 y los 2.975 €.
El dinero tiene destino final. Las arcas forales liquidarán los importes una vez los trabajos estén entregados y justificados. La gestión ya es definitiva en la vía administrativa, aunque existe un plazo de dos meses para posibles recursos contencioso-administrativos. El clima exige rigor.
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