Las cuentas de la Mancomunidad AMABS para 2026, ya aprobadas

La Mancomunidad de Servicios Sociales AMABS ha formalizado ya su presupuesto para este ejercicio 2026, fijando sus cuentas en 1.148.310 euros. El documento, aprobado definitivamente bajo la presidencia de Gloria Soriano Gil, detalla cómo se distribuirá el gasto en los próximos meses, dejando claro que el peso fundamental de la actividad se sostiene mediante transferencias y no a través de la recaudación propia.

Al analizar el flujo de ingresos, resulta evidente que la entidad depende de la financiación externa. Mientras que los impuestos directos e indirectos figuran a cero, las transferencias corrientes aportan 1.146.682 euros al total. Las tasas y otros ingresos menores apenas suman 1.628 euros al montante global.

En cuanto a los gastos, el capítulo de personal se lleva la mayor parte del pastel, con 614.140 euros destinados a nóminas. Le siguen de cerca los gastos en bienes corrientes y servicios, que ascienden a 465.670 euros. La partida para inversiones reales es, por comparación, modesta, limitándose a 5.000 euros, mientras que los intereses financieros se han presupuestado en 2.500 euros.

La estructura humana que sostiene estos servicios cuenta actualmente con 18 puestos de trabajo, divididos entre funcionarios y personal laboral. Dentro del grupo de los 13 funcionarios destacan figuras como el secretario-interventor, varios trabajadores sociales destinados al equipo base, psicología y educadores sociales, además de un técnico de integración y una plaza administrativa.

El equipo laboral, por su parte, se compone de cinco personas que desempeñan tareas de asesoría jurídica, administración y apoyo a domicilio. La mayoría de estos contratos son de jornada parcial, a excepción del administrativo del equipo base, que cuenta con una dedicación completa.

Quienes deseen revisar los detalles o presentar cualquier impugnación contra estas cuentas tienen abierta la vía contencioso-administrativa, siempre conforme a los plazos y requisitos legales que marca la normativa vigente sobre haciendas locales.