La Mancomunitat de l'Horta Sud sella su presupuesto de 3,6 millones

Los municipios que integran la Mancomunitat de l'Horta Sud ya conocen el marco financiero que regirá su funcionamiento durante este año, una vez que el presupuesto general para 2026 ha quedado aprobado de manera definitiva tras el periodo de exposición pública sin reclamaciones. Las cuentas, validadas desde la sede en Torrent, fijan un gasto total de 3.639.280,78 euros, una cifra que ilustra bien el papel de la institución como gestor de servicios delegados.

El desglose del presupuesto revela una realidad clara: la Mancomunitat funciona, en gran medida, gracias a la financiación que llega desde otras administraciones. En el capítulo de ingresos, casi 2,9 millones de euros provienen de transferencias corrientes, mientras que apenas 739.302,90 euros se recaudan mediante tasas y precios públicos. Esta estructura condiciona directamente en qué se emplea el dinero: los gastos de personal se llevan la mayor parte del pastel, con 1.474.902,90 euros, seguidos muy de cerca por los gastos corrientes en bienes y servicios, que suman 1.289.480,89 euros.

La plantilla orgánica para este ejercicio subraya esta dependencia presupuestaria de los programas externos. Además de los puestos de estructura, como la secretaría-intervención, el grueso de los trabajadores se reparte en plazas vinculadas a subvenciones específicas: desde los agentes de igualdad financiados por la Generalitat, hasta los educadores ambientales que dependen de la Diputació de València, pasando por los técnicos de empleo bajo el paraguas de Labora.

El documento no solo detalla números, sino también la fragilidad administrativa de algunos puestos, como el administrativo jefe de la sección de secretaría-intervención, que figura en un proceso de modificación para su reclasificación. Asimismo, el personal eventual se mantiene en tres cargos de confianza: jefatura de gabinete, comunicación y coordinación de relaciones interadministrativas, todos ellos clasificados en el subgrupo A2.

Llama la atención la escasa partida destinada a inversiones reales, que se queda en apenas 13.201 euros, un reflejo de que el organismo centra su labor en la gestión y el soporte técnico más que en la infraestructura propia. Los gastos financieros, por su parte, se han ajustado a 7.500 euros.

Contra este acuerdo de aprobación, que ya es efectivo, los interesados tienen ahora un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, contando desde el día siguiente a la publicación de este anuncio oficial.