Alfafar estrena ordenanza del agua: nuevas tarifas y reglas de servicio

Alfafar cuenta desde este mes con un nuevo marco normativo para gestionar el agua y el alcantarillado. El Ayuntamiento ha publicado la aprobación definitiva de la ordenanza que regula las tarifas del servicio, sustituyendo así los textos anteriores que databan de 2008 y 2010. La nueva norma clarifica las obligaciones de pago y establece los criterios para detectar fraudes o consumos irregulares, detallando incluso cómo se calculará el volumen de agua no declarada.

El documento no es solo una declaración de intenciones. El reglamento incluye un anexo técnico con las nuevas tarifas mensuales que se aplicarán según el diámetro del contador y el consumo realizado. Por ejemplo, los hogares con un contador estándar de 15 milímetros verán reflejada una cuota de servicio de 4,06 euros al mes, mientras que el mantenimiento de la acometida sumará otros 0,38 euros mensuales.

La norma profundiza en la gestión del alcantarillado, diferenciando las tarifas según si el abonado cuenta con suministro de agua potable municipal o dispone de pozo propio. Los inmuebles ubicados a menos de 100 metros de un colector tienen la obligación de conectarse, y la tarifa se girará automáticamente a nombre del titular de la propiedad si se detecta que el inmueble no figura de alta en el sistema.

El texto también protege a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Si los servicios sociales municipales notifican esta condición, el suministro no se cortará por impago mientras persista la precariedad. Incluso si la notificación llega después de un corte, la empresa gestora deberá restablecer el servicio el mismo día o, como máximo, al día siguiente sin coste añadido alguno.

El Ayuntamiento ha dejado claro el régimen de inspección. El personal autorizado por la empresa gestora podrá visitar fincas y locales para tomar muestras o comprobar irregularidades en las instalaciones. Estos profesionales deberán acreditarse debidamente antes de realizar cualquier labor en los domicilios particulares.

La norma prevé medidas contundentes ante el fraude. La manipulación de contadores o el consumo sin contrato conllevará la suspensión del servicio, previa notificación certificada con al menos 15 días naturales de antelación. El abonado tendrá ese tiempo para acreditar que tales irregularidades no le son imputables.

Las revisiones de tarifas se realizarán anualmente, o de manera extraordinaria, tras la propuesta de la entidad suministradora y el preceptivo informe de la Comisión de Preus de la Generalitat. Estos precios funcionan como máximos, por lo que el Ayuntamiento podría aplicar tarifas inferiores mediante subvenciones acordadas.

El reglamento entró en vigor tras su publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez transcurridos los 15 días hábiles previstos legalmente. Los ciudadanos disponen de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo si así lo consideran oportuno.