Inversiones y fiestas en la Barraca d'Aigües Vives: 192.000 euros extra

Los vecinos de la Barraca d'Aigües Vives verán cambios en su entorno más cercano tras la aprobación definitiva de una modificación presupuestaria que supera los 192.000 euros. Esta inyección económica, que combina créditos extraordinarios y suplementos, busca dar respuesta a necesidades que van desde la pavimentación de la Via Verda hasta la modernización del colegio local.

La mayor parte del gasto, exactamente 103.000 euros, se destina a la prolongación del pavimento en la Via Verda, marcando la intervención más ambiciosa de este paquete financiero. A esta obra se suman 22.000 euros para el asfaltado de un camino rural en el polígono 22, parcela 9208, y otros 10.100 euros para la mejora de otro vial en la misma zona, concretamente en la parcela 9188.

El día a día de la entidad también recibe un impulso. Se han presupuestado 12.400 euros para la instalación de cámaras, iluminación y placas fotovoltaicas en la zona de contenedores del Camí Carrascal, mientras que el colegio contará con 11.000 euros para la adquisición y colocación de rejas. Además, se han reservado 7.000 euros para la redacción e impresión de un libro sobre la localidad y 3.804,61 euros para el acondicionamiento de diversos espacios recreativos.

El apartado de gastos corrientes y suplementos incluye partidas más modestas pero significativas para la gestión municipal. Las fiestas locales recibirán 10.000 euros adicionales, elevando su presupuesto total a 36.614,48 euros, mientras que las actividades de igualdad contarán con 2.500 euros más. Otros conceptos cubiertos incluyen el mantenimiento de jardines, limpieza viaria, atenciones protocolarias y un convenio de archivos.

Esta operación financiera, ratificada el pasado 26 de mayo por la alcaldesa Desamparados Pou Doménech, se financia mediante una combinación de mayores ingresos por valor de 51.000 euros y el uso del remanente líquido de tesorería, que aporta 141.035,29 euros.

Quien desee presentar un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo dispone de un plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de València, aunque tal acción no detendrá por sí misma la ejecución de estas inversiones ya aprobadas.