Luz verde a los nuevos usos urbanos en Carcaixent tras la modificación 23

Los vecinos de Carcaixent tienen desde esta semana un nuevo marco normativo que reordena cómo y dónde pueden instalarse ciertas actividades en el municipio. El Pleno municipal ha aprobado de forma definitiva la modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana, una revisión técnica que busca adaptar las reglas de 1998 a las necesidades actuales de empresas y ciudadanos.

El cambio más llamativo es la inclusión expresa de los tanatorios como un uso permitido en determinadas zonas del suelo urbano. Hasta ahora, el único centro de este tipo funcionaba en la calle Armiñana y Canut, pero al no estar regulado específicamente, el consistorio ha decidido dotar de cobertura jurídica a esta demanda, permitiendo su implantación bajo criterios de funcionalidad urbana.

La norma también corrige una situación que afectaba a muchos propietarios en las zonas de tolerancia industrial. Viviendas que fueron construidas antes del planeamiento y que posteriormente quedaron fuera de ordenación, recuperan ahora su compatibilidad, lo que aporta seguridad jurídica a estos inmuebles y regulariza su estatus.

El documento introduce además otros ajustes prácticos para el tejido comercial. Se ha decidido excluir el uso de gasolinera en la zona del Ensanche, reservándolo para entornos industriales, mientras que se flexibiliza la normativa de oficinas en esta misma área de expansión urbana, equiparándola a lo que ya estaba permitido en el Casco Antiguo.

El texto, que ya ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico bajo el número 46083-1100, también pone orden en la coexistencia de actividades económicas en una misma ubicación. Ahora queda claro que, si diferentes negocios comparten espacio, cada uno debe contar con su licencia específica y acreditar la compatibilidad técnica y ambiental entre sus procesos.

Si consideras que algún punto de esta nueva regulación te afecta, ten en cuenta que el acuerdo pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado dispone de un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a esta publicación, para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.