Carlet estrena ordenanza para regular sus vertidos de aguas

El municipio de Carlet ya tiene nuevas reglas del juego para todo lo que baja por el desagüe. Tras concluir el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones, el Ayuntamiento ha hecho efectiva la aprobación definitiva de su nueva ordenanza reguladora del servicio de saneamiento, alcantarillado y aguas residuales.

El documento establece un marco técnico estricto que afecta tanto a empresas con procesos productivos como a los hogares, buscando proteger la red municipal y el medio receptor. La normativa entra en vigor inmediatamente tras la publicación del texto íntegro en el boletín.

Para las actividades industriales, la ordenanza impone un sistema de clasificación según el índice de contaminación, que va desde la carga baja hasta la alta. Aquellas empresas incluidas en la clasificación deberán caracterizar sus parámetros de vertido utilizando laboratorios acreditados.

Se prohíbe taxativamente verter directamente a la red sustancias como disolventes, restos de pintura, aceites minerales o cualquier residuo que pueda formar mezclas inflamables. La dilución de aguas residuales para cumplir con los límites de contaminantes también se considera una infracción grave.

El texto también detalla cómo deben ser las arquetas de control y las acometidas privadas, que deben ser construidas y mantenidas a costa del propietario. La normativa contempla un régimen sancionador que puede llegar a multas de hasta 3.000 euros para las infracciones muy graves.

Los edificios que viertan a la red y no cumplan con los nuevos estándares técnicos disponen de un periodo de adaptación de seis meses. Es el tiempo marcado para realizar las obras de modificación o las mejoras necesarias en los sistemas de conexión.

Las empresas que ya operan en el municipio deberán verificar su situación actual. Si necesitan ajustar sus procesos, el Ayuntamiento exigirá la tramitación de nuevos permisos adaptados a esta normativa.

Cualquier interesado que desee impugnar este acuerdo dispone de un plazo de 2 meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El contador para este plazo legal arranca a partir del día siguiente a la fecha de hoy.