Chiva regula el acceso a su vivienda municipal para casos sociales
Ver las 124 ayudas abiertas en la Provincia de Valencia →El Ayuntamiento de Chiva pone en marcha una nueva ordenanza para gestionar su vivienda social, dirigida a víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión residencial.
El Ayuntamiento de Chiva cuenta desde esta semana con una nueva hoja de ruta para gestionar su vivienda municipal destinada a casos de emergencia social y violencia de género. El pleno ha aprobado definitivamente la ordenanza que regula el acceso, adjudicación y uso de este inmueble, estableciendo un marco normativo claro para quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Datos clave
- Duración inicial
- 6 meses, prorrogables por otros 6
- Requisito ingreso
- Entre 150% y 300% del IPREM anual
- Empadronamiento
- 12 meses mínimos en Chiva
- Prioridad
- Víctimas de violencia de género
La normativa prioriza el acceso a mujeres víctimas de violencia de género, a quienes se ofrece una alternativa habitacional segura y adecuada. Además, el texto abre la puerta a personas y unidades de convivencia que se encuentren en situaciones de emergencia, como el riesgo inminente de perder su hogar por desahucios o el sinhogarismo.
El acceso a esta vivienda municipal no es permanente. Se establece un periodo inicial de ocupación de 6 meses, que podrá prorrogarse por otros 6 meses adicionales si persisten las causas de vulnerabilidad y los servicios sociales valoran positivamente el cumplimiento de las obligaciones por parte de la persona adjudicataria.
Para optar a esta cesión, los solicitantes deberán cumplir requisitos básicos como ser mayor de edad y estar empadronados en Chiva con una antigüedad mínima de 12 meses, aunque el ayuntamiento contempla excepciones motivadas en casos de emergencia acreditada. El nivel de ingresos de la unidad familiar debe oscilar entre el 150 y el 300 por ciento del IPREM anual, ajustado según el número de miembros.
El proceso de adjudicación se gestiona desde el área de servicios sociales. Un baremo técnico, incluido en la ordenanza, evaluará situaciones como la presencia de menores o personas mayores de 65 años, la situación de desempleo o el grado de vulnerabilidad. La transparencia y la protección de datos, especialmente sensible en casos de violencia de género, son ejes centrales del procedimiento.
Es una herramienta de apoyo urgente. Las beneficiarias deberán destinar el inmueble a vivienda habitual y mantenerlo en buenas condiciones. La ordenanza detalla una serie de obligaciones, desde el pago de suministros hasta normas básicas de convivencia, cuyo incumplimiento puede derivar en la revocación de la cesión. El ayuntamiento se reserva el derecho a comprobar el estado de la vivienda y realizar un seguimiento periódico de cada caso.
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