Cullera aprueba su protocolo contra el acoso sexual en el trabajo

El Ayuntamiento de Cullera cuenta desde finales de julio con una hoja de ruta clara frente a cualquier tipo de acoso sexual o por razón de sexo en su entorno laboral. El pleno municipal aprobó por unanimidad este nuevo protocolo, que busca garantizar un espacio de trabajo seguro, confidencial y libre de represalias para todo el personal, ya sea funcionario, contratado, en prácticas o incluso subcontratado.

El documento, que ya está expuesto al público para posibles sugerencias durante 30 días hábiles antes de su ratificación definitiva, se extiende a todos los centros de trabajo municipales, desde la Casa Consistorial hasta el Castillo o el Museo del Arroz. La norma pone especial énfasis en el ámbito digital, incluyendo en su protección situaciones de ciberacoso que puedan ocurrir durante el desempeño de las tareas profesionales.

La pieza central de este nuevo sistema es una Comisión de Acoso, formada por representantes de la plantilla (UGT, CSIF, CCOO y SPPLB), la Jefatura de Recursos Humanos y el Agente de Igualdad. Este órgano será el encargado de investigar cualquier denuncia a través de un procedimiento que prioriza la rapidez y el anonimato de la víctima frente a terceros, utilizando códigos alfanuméricos en la documentación para preservar la identidad de los implicados.

El protocolo distingue claramente entre acoso sexual, que implica un interés de naturaleza libidinosa, y el acoso por razón de sexo, vinculado a estereotipos de género que buscan denigrar la capacidad profesional de una persona. Para ambos casos, se prevén medidas correctivas que van desde el traslado físico hasta el despido disciplinario, además de un compromiso de apoyo psicológico y social a quien sufra la situación.

Las denuncias pueden canalizarse a través de un correo electrónico específico creado por la entidad, donde solo el personal habilitado y la comisión instructora tendrán acceso a los mensajes. Si el proceso informal no resuelve el conflicto en siete días, se activará un procedimiento formal con carácter de urgencia.

La normativa incluye un decálogo de buenas prácticas que prohíbe explícitamente conductas como el aislamiento, la difusión de rumores, comentarios sexistas o la asignación arbitraria de tareas. La Comisión realizará un seguimiento anual y elaborará un informe con indicadores que permitan medir la efectividad de las medidas tomadas.