Museros estrena su comisión para evaluar el impacto ambiental

Museros contará a partir de ahora con un nuevo equipo técnico especializado en el medio ambiente y la planificación del territorio. El pleno municipal ha dado luz verde definitiva al reglamento que regula la creación y funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica, un órgano que dependerá directamente de la Junta de Gobierno Local para asesorarla en sus decisiones urbanísticas.

La norma, que ya ha superado el periodo de exposición pública sin recibir sugerencias ni reclamaciones, establece que este grupo será el encargado de analizar los planes y programas antes de que se autoricen, asegurándose de que no tengan efectos negativos significativos sobre el entorno. La comisión tendrá la facultad de emitir informes ambientales y dictámenes cuando se planteen consultas sobre evaluaciones simplificadas.

La estructura de este nuevo órgano refleja su perfil técnico. Estará presidida por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, con el concejal de Medio Ambiente como vicepresidente. El equipo se completa con la participación del coordinador de Urbanismo, un técnico de administración general y el equipo de arquitectura municipal, que actuará como ponente en las sesiones y será responsable de proponer la viabilidad técnica de los documentos.

Una de las funciones más relevantes de la comisión será resolver los expedientes en un plazo máximo de cuatro meses, aunque ese margen podrá ampliarse dos meses más si la complejidad del asunto lo requiere. Los debates se regirán por los mismos principios que las sesiones plenarias, con votaciones que deberán contar con el respaldo de la mayoría.

El ayuntamiento ha previsto que, una vez que el reglamento entre en vigor, el consistorio dispondrá de tres meses para poner la comisión en marcha de forma efectiva. Además, se habilitará un apartado específico en la página web municipal donde los vecinos podrán seguir el estado de los expedientes que se sometan a este nuevo control ambiental.

Contra esta aprobación, aquellos que consideren que el reglamento no se ajusta a derecho disponen de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, contados desde el día siguiente a esta publicación.