Oliva descentraliza la gestión de sus contratos menores

El Ayuntamiento de Oliva ha decidido pasar página a una forma de trabajar que, con frecuencia, terminaba por colapsar los despachos. Desde esta semana, la capacidad para gestionar y autorizar los contratos menores deja de residir exclusivamente en la Regidoria de Contractació para repartirse entre todas las áreas municipales. La alcaldesa, Yolanda Pastor Bolo, busca con este movimiento que cada concejalía sea dueña de su propio ritmo y capacidad de respuesta.

La decisión, formalizada mediante la resolución número 2026-2237, responde a la necesidad técnica de agilizar los procedimientos sin que cada pequeña compra o servicio tenga que pasar obligatoriamente por el filtro centralizado. El nuevo esquema de trabajo implica que regidores de áreas tan diversas como Parques y Jardines, Recursos Humanos o Turismo asumen ahora la responsabilidad directa de sus pequeñas contrataciones.

La lista de áreas que ganan autonomía incluye, además de las mencionadas, Planeamiento y Urbanismo, Salud Pública, Cultura, Mercados, Hacienda y Memoria Democrática, entre otras. Cada una de ellas podrá gestionar sus propios expedientes, siempre bajo el paraguas de las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Instrucción 1/2020, que siguen marcando el paso en cuanto a límites y procedimientos legales.

Aunque cada edil toma las riendas de su gestión, el control no desaparece por completo. La alcaldía mantiene un papel de supervisión activo: cada responsable deberá informar detalladamente de sus resoluciones y, en el caso de decisiones de especial importancia, el aviso a la alcaldía deberá ser previo. Además, ante cualquier ausencia, vacante o enfermedad de un concejal, la alcaldesa asumirá de forma automática y directa las competencias delegadas.

Este cambio en la gestión administrativa es de carácter indefinido, aunque, como toda delegación de este tipo, es revocable en cualquier momento. La alcaldía se reserva también la potestad de avocación, lo que significa que puede decidir recuperar la firma de cualquier asunto concreto si lo considera necesario.

Para los proveedores y ciudadanos que trabajan habitualmente con el consistorio, la medida busca reducir los tiempos de espera en la tramitación de los contratos más sencillos. Las nuevas competencias de los regidores también incluyen la facultad de resolver los recursos de reposición que puedan presentarse contra los actos administrativos que ellos mismos dicten en el ejercicio de sus funciones delegadas.