El Palomar aprueba su nueva ordenanza de agua y alcantarillado
El Ayuntamiento de El Palomar ha dado luz verde definitiva a la regulación del agua y alcantarillado. El texto fija las nuevas tarifas, los métodos de facturación y el protocolo de actuación ante consumos fraudulentos.
El Palomar estrena una nueva ordenanza que pone negro sobre blanco en la gestión del agua potable y el alcantarillado municipal. El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde definitiva a este texto el pasado 30 de septiembre, cerrando así el periodo de alegaciones y dejando claro quién paga, qué se cobra y cómo se gestionan los fraudes en la red pública.
Datos clave
- Periodicidad
- Facturación bimestral
- Tarifa base
- 4,764 € al mes (calibre 13 mm)
- Aviso corte
- 15 días naturales
- Recurso
- 2 meses ante el TSJCV
La norma establece con precisión quirúrgica qué se considera uso doméstico, industrial o municipal, y detalla que la gestión del servicio sigue en manos de la empresa concesionaria. El pago de las cuotas será bimestral, salvo en suministros eventuales para obras, donde la lectura del contador marcará el fin de la facturación. El recibo se emitirá de forma unificada, incluyendo el suministro y cualquier otra prestación pública no tributaria conexa.
Si te preocupa cómo se calculan los costes, la ordenanza incluye hasta catorce páginas de anexos con tarifas detalladas. Por poner un ejemplo, la cuota mensual de servicio para un contador doméstico de 13 milímetros se fija en 4,764 euros, mientras que el consumo de agua por metro cúbico arranca en 0,340 euros para el primer bloque de consumo. Estas tarifas son precios máximos, lo que permite margen para aplicar bonificaciones sociales.
La inspección tiene ahora herramientas más claras. Los técnicos autorizados pueden entrar en fincas y locales para verificar irregularidades. Si detectan un fraude, el corte de suministro es la vía principal, pero el abonado recibe un aviso con 15 días de margen para defenderse. El cálculo del volumen de agua defraudada sigue una fórmula técnica basada en el caudal del contador, multiplicando los días estimados de fraude por tres horas diarias de consumo.
La normativa contempla además cómo cambiar la titularidad del contrato, permitiendo la subrogación en supuestos de copropiedad o fusión de empresas. El texto entra en vigor tras esta publicación en el boletín, y cualquier recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo municipal debe presentarse en los próximos dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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