La Pobla del Duc estrena reglas para sus mesas de negociación

Los empleados públicos de La Pobla del Duc tienen desde esta semana un marco renovado para canalizar sus condiciones laborales. El ayuntamiento ha dado luz verde al reglamento que organiza el funcionamiento de sus dos mesas de negociación, la que agrupa a funcionarios y personal laboral, y la específica para funcionarios, clarificando las reglas del juego en las reuniones donde se decide el futuro de la plantilla.

El texto detalla desde la periodicidad de los encuentros, que serán ordinarios cada cuatro meses (en febrero, mayo y octubre), hasta el funcionamiento del voto ponderado. Para que cualquier acuerdo o reforma del reglamento salga adelante, se requiere el respaldo de más del 50 por ciento de ambas partes: tanto de la representación municipal como de las organizaciones sindicales presentes.

La norma también blinda el papel de los sindicatos en el proceso. Se establece que, además de los representantes elegidos, cada organización podrá contar con la asistencia de un asesor técnico con voz, pero sin voto, y garantiza los permisos retribuidos necesarios para que los negociadores puedan ejercer su labor sindical sin que esto reste de su crédito horario habitual.

El documento pone orden en las formalidades: las actas deberán recoger los nombres de los asistentes, los resultados de las votaciones y, a petición expresa, el posicionamiento detallado de cada parte ante los debates. Una vez aprobadas, estas actas se publicarán en el portal de transparencia municipal.

En cuanto a las materias objeto de negociación, el reglamento es exhaustivo y abarca desde el calendario laboral, vacaciones y planes de formación hasta los criterios generales de evaluación del desempeño o los planes de igualdad. Sin embargo, el texto se reserva el derecho de excluir de la obligatoriedad de negociar aquellas decisiones que afecten estrictamente a las potestades de organización de la administración.

Si surge una discrepancia grave, el reglamento contempla la posibilidad de recurrir a procedimientos extrajudiciales para resolver conflictos. En casos de interés público excepcional, como una alteración sustancial de las circunstancias económicas, el ayuntamiento se reserva la capacidad de suspender o modificar los pactos firmados, siempre informando de las causas a los sindicatos.

Para quien desee impugnar este acuerdo plenario, el boletín oficial recuerda que existe un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a contar desde el día siguiente a esta publicación.