Salem estrena ordenanza de bienestar animal: qué cambia para los dueños
Los dueños de mascotas en Salem deben ajustar sus rutinas a la nueva normativa de bienestar animal, que fija obligaciones para la tenencia responsable, el uso de microchips y la gestión de colonias felinas.
Salem tiene desde esta semana una nueva norma para regular la convivencia con los animales en el municipio. El pleno municipal ha dado luz verde definitiva a la ordenanza de bienestar animal, un texto que busca poner orden y garantizar un trato digno a las mascotas y a los gatos que viven en libertad.
Datos clave
- Seguro APP
- 120.000 € de cobertura mínima
- Identificación
- Microchip obligatorio antes de 4 meses
- Censo
- Plazo de 30 días tras la adquisición
- Correa
- Máximo 2 metros de longitud
La normativa es taxativa: todos los perros y gatos deben contar con microchip y estar inscritos en el censo municipal antes de cumplir los cuatro meses de edad. El Ayuntamiento ha recordado que el registro es gratuito y debe hacerse en un plazo de 30 días desde la identificación o adquisición del animal.
Para los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos, las exigencias suben de nivel. Necesitan una licencia administrativa con validez de cinco años y una póliza de responsabilidad civil que cubra, como mínimo, 120.000 euros por los daños que el animal pudiera causar a terceros.
La norma prohíbe dejar animales atados a mobiliario urbano, como bancos o farolas, y obliga a recoger los excrementos inmediatamente en cualquier punto del municipio, incluyendo caminos agrícolas y zonas rústicas. Llevar una botella de agua para limpiar la zona es una recomendación expresa de la administración local.
En cuanto a las colonias felinas, el Ayuntamiento oficializa el método CER (captura, esterilización y retorno) como única estrategia ética de control poblacional. El texto prohíbe explícitamente el traslado o la eliminación de estos gatos y deja claro que solo el voluntariado autorizado puede ocuparse de su alimentación en los puntos designados.
El régimen sancionador ya está operativo. Incumplir la normativa conlleva desde multas económicas hasta la retirada del animal en casos de negligencia grave o maltrato. Contra esta aprobación cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses.
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