Cabolafuente impone nuevas tasas a suministradoras de agua y luz

Cabolafuente ha terminado de ajustar las cuentas con las compañías eléctricas, de agua y de telecomunicaciones. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la ordenanza fiscal número 9, que pone precio a la ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por parte de estas suministradoras en el dominio público municipal.

La medida no ha encontrado resistencia durante su exposición al público, por lo que el acuerdo plenario del pasado 25 de junio de 2026 entra ahora en vigor con pleno derecho. Las empresas que desplieguen cables, postes o tuberías por el término municipal deberán, a partir de ahora, atenerse a un nuevo marco de tasas calculado según el valor de mercado de estas instalaciones.

El sistema de cálculo no es lineal, sino que distingue con precisión entre el uso privativo y el aprovechamiento especial. Mientras que el uso privativo, que impide el uso común de los bienes municipales, tributa al 5 por ciento de la base imponible, el aprovechamiento especial, que permite la convivencia con el uso común, lo hace al 100 por ciento. Los técnicos han elaborado un informe económico detallado para cada tipología de activo.

Las tarifas resultantes ya son públicas. Un transformador, por ejemplo, tiene una cuota tributaria unitaria de 245,35 euros. En el caso de las torres, el precio varía según la altura: desde los 38,35 euros por una torre de menos de 12 metros hasta los 82,55 euros si supera los 24 metros. Las tuberías de agua también tienen sus tramos, empezando en los 0,25 euros por metro lineal en diámetros de hasta 10 centímetros.

El pago de esta tasa se gestionará trimestralmente para las instalaciones ya existentes, aunque se facilita la domiciliación bancaria. Si el sujeto pasivo decide domiciliar el recibo, el Ayuntamiento aplicará una bonificación del 5 por ciento sobre la cuota final. Para las nuevas autorizaciones, el pago deberá realizarse junto con la solicitud de la licencia de ocupación.

El alcalde, Ángel Soler, ha ratificado esta normativa, que permanecerá vigente hasta que una modificación o derogación exprese lo contrario. Las empresas suministradoras que no cuenten con licencia municipal deberán ponerse al día legalmente sin que la falta de esta les exima de pagar la tasa correspondiente. Las ausencias escuecen. Quien no presente la baja en el registro municipal seguirá pagando.

Aquellos que consideren que este nuevo marco impositivo no se ajusta a derecho disponen de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El contador corre desde el día siguiente a esta publicación oficial.