Álava estrena una nueva política de seguridad de datos forales
La Diputación Foral de Álava aprueba un nuevo marco integral para blindar la información y proteger los datos personales. El texto establece las nuevas responsabilidades.
La Diputación Foral de Álava estrena un nuevo manual de instrucciones para proteger los datos personales y la seguridad de sus sistemas. El decreto, publicado este 3 de agosto en el boletín oficial, unifica las políticas anteriores bajo un marco común que vincula a toda la estructura foral. El objetivo declarado es blindar la información de la ciudadanía frente a riesgos tecnológicos y ciberataques.
Datos clave
- En vigor
- 4 de agosto de 2026
- Qué es
- Normativa de seguridad y protección datos
- Ámbito
- Diputación Foral de Álava
- Revisión
- Bienal
La norma establece 26 principios fundamentales. Entre ellos, el tratamiento de datos debe ser lícito, transparente y limitado al mínimo necesario. La seguridad ya no se ve como una actuación puntual, sino como un proceso integral y continuo que acompaña cada proyecto desde su diseño inicial.
Un organigrama específico asume las riendas de este sistema. El Comité Corporativo de Seguridad y Privacidad (CCSP) actuará como órgano de gobierno y se reunirá al menos una vez al año para aprobar la estrategia. A nivel táctico, el Comité Asesor Técnico de Seguridad (CAS) trabajará semestralmente en los aspectos más operativos.
El decreto detalla una estructura compleja de roles definidos con siglas. Desde el Responsable de Seguridad (RSEG) hasta los Referentes de Seguridad (REFS) en cada jefatura de servicio, cada pieza tiene su función. Las tablas RACI incluidas en los anexos documentan quién es responsable, aprobador, consultado o informado en cada trámite de seguridad.
La formación es el pilar para evitar errores humanos. Se prevén planes obligatorios para el personal que maneje sistemas críticos, con especial atención a las nuevas incorporaciones. El decreto faculta además a la Dirección de Servicios Generales para dictar las instrucciones que aseguren la homogeneidad en toda la organización.
El sector público foral no queda fuera. Los organismos autónomos, sociedades públicas y consorcios que deseen adherirse a este marco deben formalizar su protocolo de adhesión. A partir de ahora, la política es de obligado cumplimiento.
El control es constante. Cualquier incumplimiento de estas normas será objeto de medidas preventivas y correctivas. Esto se aplica sin perjuicio del régimen sancionador vigente para altos cargos o para las personas funcionarias, tal y como establece la normativa sobre empleo público.
La nueva política ya está en vigor.
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