Álava blinda el servicio de valoración de discapacidad en manos públicas
Las Juntas Generales de Álava han votado para evitar la privatización del servicio de valoración y diagnóstico de discapacidad. El mandato exige reforzar el sistema sin perder el control público.
Las Juntas Generales de Álava han puesto freno a los planes que sobrevolaban el servicio de valoración y diagnóstico de discapacidad. El pleno celebrado el pasado 10 de julio dejó claro que, aunque el sistema necesita una puesta a punto urgente, el camino elegido no puede ser la externalización de funciones.
Datos clave
- Qué se exige
- Refuerzo del servicio bajo gestión pública
- Responsable final
- Instituto Foral de Bienestar Social
- Objetivo
- Reducir los plazos de tramitación
La moción aprobada es un mandato directo a la Diputación Foral de Álava. Se exige que cualquier refuerzo necesario para aligerar las listas de espera y agilizar los expedientes se haga manteniendo el servicio bajo gestión pública.
El texto es tajante. Cualquier medida que se adopte para reducir los actuales plazos de tramitación debe garantizar que el sello final y la capacidad de decisión recaigan exclusivamente en el Instituto Foral de Bienestar Social.
El servicio es público.
Se busca eficacia sin perder el control de la valoración. La pelota está ahora en el tejado de la Diputación, que deberá diseñar un plan de choque con el que cumplir este requerimiento político sin desmantelar la estructura foral actual.
La presidenta de la cámara, Irma Basterra Ugarriza, ha dado traslado formal de esta voluntad plenaria tras la votación. La gestión de la discapacidad seguirá siendo, por tanto, una competencia foral.
Doble confirmación. Cancela cuando quieras.