Luz verde forzosa a la línea eléctrica entre Lepe y Puebla de Guzmán
La Junta declara la utilidad pública del proyecto de Red Eléctrica, que afectará a terrenos de cinco municipios onubenses. Los propietarios tienen abierta la fase de justiprecio.
El trazado que unirá las subestaciones de Costa de la Luz y Puebla de Guzmán ya tiene vía libre administrativa. La Junta de Andalucía ha publicado la declaración de utilidad pública para este doble circuito de alta tensión, un proyecto de más de 32 kilómetros que atravesará fincas en Lepe, Cartaya, Villanueva de los Castillejos, El Almendro y Puebla de Guzmán.
Datos clave
- Plazo recurso
- 1 mes desde su notificación
- Municipios afectados
- Lepe, Cartaya, Villanueva, Almendro, Puebla
- Entidad promotora
- Red Eléctrica de España, S.A.U.
- Longitud línea
- 32,507 km
La decisión pone fin a meses de incertidumbre para numerosos titulares de parcelas afectadas, cuyos recursos contra el trazado han sido desestimados por la Administración. Red Eléctrica de España, como beneficiaria, ha defendido que la línea es una pieza clave de la planificación estatal vigente y que no admite modificaciones sustanciales sin reiniciar un proceso que, según los informes, resultaría inviable por plazos.
El proyecto implica servidumbres de paso y, en los casos necesarios, la ocupación urgente de los terrenos. Si no se alcanza un acuerdo amistoso con los propietarios, el procedimiento se trasladará a la Comisión Provincial de Valoraciones. Allí se dirimirá el justiprecio, donde cada afectado deberá presentar su hoja de aprecio para reclamar las indemnizaciones por daños, lucro cesante o la afección directa a sus cultivos y fincas.
Durante el proceso, varios propietarios habían solicitado alternativas que bordearan sus fincas o incluso que se optara por un soterramiento integral. La Junta, apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo, ha reiterado que el interés general del sistema eléctrico prima sobre el deseo de los particulares de minimizar la afección a sus propiedades concretas.
Los afectados pueden interponer ahora un recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Industria, Energía y Minas en el plazo de un mes, o bien acudir directamente a la vía contencioso-administrativa si consideran que sus derechos han sido vulnerados. El conflicto se traslada ahora de la tramitación ambiental a la fase económica de tasación.
La ocupación es urgente.
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