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El Plan General de Casarabonela, aprobado solo de forma parcial

La Junta de Andalucía da luz verde condicionada al nuevo urbanismo del municipio. Falta la subsanación de varios errores y deficiencias técnicas.

El futuro urbanístico de Casarabonela encara su recta final con un aprobado, aunque con letra pequeña. La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga ha dado luz verde parcial al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en su sesión del pasado 10 de junio. Esto significa que el documento no tiene todavía el visto bueno definitivo y total.

Datos clave

Estado
Aprobación parcial
Recurso contencioso
2 meses
Recurso alzada
1 mes

La tramitación ha sido un camino largo que comenzó oficialmente en 2016. El expediente, que arrastra años de informes sectoriales, requerimientos de documentación y consultas, se encuentra ahora supeditado a una serie de ajustes necesarios antes de su publicación definitiva.

El informe jurídico-técnico de la Delegación Territorial, con fecha de 8 de junio de 2026, detalla qué es lo que falta. El problema más notable reside en el ámbito SUNC-1, donde se han detectado cargas económicas excesivas que comprometen su viabilidad financiera. Además, el estudio económico aportado por el Ayuntamiento omite los gastos necesarios para la conexión viaria sobre el dominio público hidráulico.

El documento también refleja discrepancias técnicas que el Ayuntamiento debe aclarar. Por ejemplo, existen errores en el cálculo de las superficies de sistemas generales y en la justificación de la reserva de vivienda protegida en algunos sectores. En el ámbito SUNC-R2, ni siquiera se ha contemplado correctamente esta reserva obligatoria del 30 por ciento.

El Ayuntamiento de Casarabonela deberá ahora presentar el índice electrónico del plan debidamente corregido. Una vez que la Delegación Territorial verifique que estas deficiencias se han subsanado, se procederá a su inscripción en el registro correspondiente.

Se abre ahora un periodo para posibles recursos. Los interesados tienen un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las determinaciones suspendidas también admiten recurso de alzada en el plazo de un mes.

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