El Polígono de Caborana estrena sus nuevos estatutos de gestión
Las empresas y propietarios de parcelas en Caborana cuentan con un nuevo marco normativo para gestionar sus servicios comunes y repartir los gastos anuales.
El Polígono Industrial de Caborana ya tiene sus reglas del juego claras. El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado los estatutos definitivos de su nueva Entidad de Gestión, un organismo que nace para tomar el relevo en el día a día del área industrial y dejar atrás la improvisación.
Datos clave
- Superficie total
- 26.678 m²
- Órgano máximo
- Asamblea General
- Mandato
- 4 años
- Reparto cuotas
- 50% lineal y 50% por superficie
El Ayuntamiento de Aller, como administración actuante, no solo ha impulsado este marco, sino que se sienta en la mesa de gobierno como un propietario más. El polígono abarca una superficie total de 26.678 metros cuadrados, repartidos en parcelas que van desde los 1.154 metros de la unidad 031 hasta los más de 11.000 de la zona 001-013.
La nueva entidad no es una simple oficina de papel. Tiene personalidad jurídica propia y capacidad para contratar servicios, defender los intereses comunes ante los tribunales y, si hace falta, reclamar cuotas impagadas mediante la vía de apremio municipal. Su funcionamiento es puramente administrativo, aunque actuará bajo personalidad de derecho privado cuando sus actividades excedan la gestión básica de infraestructuras.
La cuota de cada propietario se calcula con un reparto mixto: la mitad de forma lineal y la otra mitad según el coeficiente de superficie que le corresponde en el polígono. Esta fórmula busca, sobre el papel, un equilibrio entre la titularidad de los terrenos y los gastos comunes que genera el área industrial.
La Junta de Gobierno será el motor de la entidad, con un mandato de cuatro años. Sus miembros ocuparán los cargos de forma gratuita, salvo en situaciones de carga de trabajo excesiva que la Asamblea General considere retribuibles. La presidencia no podrá encadenar más de dos mandatos consecutivos.
Las decisiones importantes pasan por la Asamblea General, donde el voto es proporcional al coeficiente de cada parcela. Las modificaciones estatutarias y la imposición de aportaciones extraordinarias exigirán un respaldo mínimo del 60 por ciento de los votos, blindando así las decisiones de mayor calado económico.
Cualquier diferencia o conflicto entre socios deberá resolverse mediante arbitraje interno. La Junta de Gobierno actuará como mediadora, dictando un laudo que será de obligado cumplimiento para las partes enfrentadas.
Todo propietario tiene la obligación de domiciliar sus cuotas bancariamente. La entidad también cuenta con un mecanismo de control estricto para las transmisiones de fincas: el vendedor debe acreditar que está al corriente de pago en el momento de la escritura, pasando esa responsabilidad al comprador de forma inmediata.
Si la entidad llegara a disolverse, el Ayuntamiento de Aller recuperaría la gestión directa de los servicios y mantenimiento. El remanente de fondos, si quedara alguno tras liquidar deudas, se destinaría a fines sociales o humanitarios.
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